Las cifras sobre la inversión de dinero público en diversos proyectos que benefician a entidades privadas es otra muestra del modelo de gestión a favor del amiguismo.
En realidad, las cantidades invertidas solo exponen una vez más un sistema clientelar de utilizar los recursos públicos hacia intereses privados, con un coste, en este caso, para las arcas de la Diputación de Pontevedra de unos 26 millones de euros.
Una cantidad nada pequeña en una situación en la que la carencia presupuestaria y la pérdida de recaudación están suponiendo un grave perjuicio para unos cuantos de cientos o de miles de pontevedreses en su atención sanitaria, dependiente, educativa y social.
Pasarón se ha convertido en un escándalo que a día de hoy sigue tapado. Todo el proceso, desde la adjudicación de las estrambóticas obras del campo de fútbol, la falta de información fiable sobre el proyecto o la influencia de informes interesados, es un ejemplo impúdico de un modelo político de despilfarro de dinero público.
Paro no hay una sin dos. Ahora, el peaje de Pontevedra se lo cobra Vigo. Con una previsión millonaria para Balaidos.
Pasarón y, posiblemente, Balaidos, es una irresponsabilidad de la Diputación de Pontevedra en la gestión de recursos públicos. Solo falta que su protagonista, Rafael Louzán, asuma su responsabilidad, algo que ni en política ni judicialmente ha ocurrido aún en Galicia. Salvo que la juez De Lara nos sorprenda.
Entre otras cosas, porque nuestros políticos y responsables de la gestión del dinero público deberían saber que el despilfarro también es corrupción. Aunque solo esté penado éticamente.