Las elecciones son un factor de lucha política de primer orden, donde los grupos privilegiados tratan de reducir el número de personas que actúan en nombre del pueblo, y éste de ampliarlos. Otro factor determinante es que también pueden modificar la ley electoral sin consenso. Depende únicamente del poder que tengan en cada momento.
En este escenario poco ético y grotesco, el PP ha abierto el debate de la regeneración para que gobierne la lista más votada, algo que ahora no quiere el PSOE -como recordó su flamante secretario general, Pedro Sánchez-, pero sí quería en el 2004 buscando su propio interés político.
En la agenda de tan cacareada de mejora de las administraciones que el Gobierno tiene previsto abordar para el final de esta legislatura, además de la lista más votada, está la elección directa de los alcaldes en las próximas elecciones municipales de primavera de 2015. En las actuales circunstancias, la medida, que implicaría la reforma electoral, supondría un importante peaje en beneficio de las formaciones independentistas.
Es decir, la medida, que supondría cambiar las reglas del juego en la segunda parte del partido, abona mayor poder municipal al PP pero fortalece a otros que no quieren juegan este partido.
Por eso, una ley que facilite las alcaldías a las listas más votadas, como anunció recientemente Alfonso Rueda -ahora confirmada por el propio Rajoy-, sin consenso y sin pactar, al menos con el otro gran partido, sería un gran error.
Es cierto que la ciudadanía ya está cansada de de ver juegos políticos en razón de los intereses partidistas de cada candidato y de cada partido, algo que se ha convertido en habitual y que no es más que un juego poco ético de las alianzas políticas que miran más por sus propios intereses que por el general y no dejan de ser un insulto al pueblo.
Consciente de la caída en sus previsiones electorales, el PP pretende lanzarse a esta aventura sin calcular los graves efectos colaterales, que luego tendrá que explicar al pueblo. Porque las reglas del juego no se pueden cambiar por intereses partidistas.