A punto de cumplirse dos años desde el inicio de la operación Pokémon, con la imputación de más de un centenar de personas, la causa que instruye la juez Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, amplia su cerco sobre las presuntas prácticas irregulares. Aunque en esta ocasión, los datos que se han conocido este martes no son de la propia investigación de la magistrada. Son informes de la propia Administración autonómica que, a petición del Grupo Socialista, ha facilitado la información en la que se desprende que el Grupo Vendex, núcleo de la investigación, obtuvo de la Xunta de Galicia 3 millones de euros entre 2005 y 2013. Los contratos o adjudicaciones a Vendex fueron aprobados por los gobiernos presididos por el popular Núñez Feijóo y por el socialista Pérez Touriño, cuando el exlíder del PSOE presidía el bipartido, en coalición con el BNG. Así se desprende de la información que aparece en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia (BOPG).
La información conocida este martes puede abrir una nueva hoja de ruta para las investigaciones de la juez Pilar de Lara, que el pasado día 13 acordó prorrogar otro mes la pieza separada del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roda, imputado en la causa. Al tiempo que la instructora ordenó unir a las actuaciones la transcripción de la declaración de Paula Prado, exportavoz del PPdeG.
El Grupo Vendex, núcleo de la investigación judicial sobre corrupción denominada operación Pokémon, obtuvo contratos y subvenciones de diferentes departamentos o entes dependientes de la Xunta por valor de 3 millones de euros entre los años 2005 y principios de 2013.
Estas cifras, según informa Europa Press, se desprenden de los cuadros aportados por el Gobierno gallego a raíz de una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Socialista en marzo de 2013 y respondida en mayo de 2014. No obstante, en el BOPG que se ha publicado este mes de agosto únicamente figuran como enviados en el anexo de la contestación a los socialistas los cuadros correspondientes a la época del bipartito.
Fuentes de la Vicepresidencia han atribuido esta situación a un "error" y han asegurado que se envió toda la documentación al Pazo do Hórreo, donde sin embargo, no figura. No obstante, la Administración autonómica ha facilitado, a petición de Europa Press, la documentación que faltaba, correspondiente al período entre 2009 y 2013.
Así las cosas, de la documentación que abarca desde 2005 a 2013 se desprende que las arcas de la Administración gallega firmaron contratos, subvenciones y ayudas con empresas del Grupo Vendex por valor de 3.038.363,54 euros.
La información pedida por el PSdeG se ceñía al periodo entre el 1 de abril de 2009 y el 1 de marzo de 2013, correspondiente con la primera legislatura de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la Xunta la amplió hasta la época del bipartito, pero no especifica en los cuadros hasta qué meses de 2013 se informa ni separa los contratos de 2009, año en que tras las elecciones del 1 de marzo, el Gobierno autonómico volvió a manos de los populares.
Núcleo de la operación Pokémon
El Grupo Vendex constituye el epicentro de la operación Pokémon, en la que están imputadas más de un centenar de personas -entre ellas políticos en activos y otros que abandonaron sus cargos-, además de los directivos de esta empresa. La instrucción del caso, que gira en torno a una supuesta red de pago de sobornos y regalos a políticos a cambio de concesiones públicas, la dirige la jueza Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.
De los cuadros aportados, entre los años 2010 y principios de 2013 (años completos del Gobierno de Feijóo), se desprende que las empresas del Grupo Vendex contrataron u obtuvieron ayudas y subvenciones por valor de 956.618,84 euros de la Xunta.
En 2009, año en que se celebraron las elecciones en marzo, el bipartito contrató u otorgó al menos 128.459 euros -aunque no se especifican los meses, la nomenclatura de las consellerías se corresponde a las del Gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño en coalición con el BNG de Anxo Quintana-.
Ese mismo año también se contrató el servicio de limpieza de la Escola galega de Administración Pública (EGAP) por 161.102 euros, una cuantía que fue similar a la que se mantuvo en los años sucesivos para este mismo fin, actividad de la que se hacía cargo Procedimientos de Aseo Urbano (PAU).
Por su parte, el bipartito firmó contratos y otorgó ayudas por un valor aproximado de 1,8 millones entre 2005 y 2009. Los contratos más cuantiosos de esta época son los relativos al servicio de limpieza en el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), dependiente de Turgalicia, y que también recaían en la empresa Procedimientos de Aseo Urbano (PAU). Así, figura la firma de sucesivos contratos por las cuantías de 241.145 (2005), 203.454 (2006), 282.343 (2007) y 182.378 (2008).
Sin embargo, este contrato ya no figura en 2009. Turgalicia, que en 2012 se incorporó al plan de fusiones de entes dependientes impulsado por la Xunta, se hacía cargo de la tramitación del contrato para el servicio de limpieza en este centro de hostelería.
En todo caso, Procedimientos de Aseo Urbano siguió siendo la empresa del Grupo Vendex que recibió en los años siguientes el grueso del montante de contratos con la Xunta. Las sumas más altas se corresponden con el servicio de limpieza, en este caso, de la EGAP, que pasó de tener en 2005 una cuantía de 38.328 euros a suponer, en 2006, 119.857, listón que progresó hasta los 178.934 euros de 2013.
Otras adjudicaciones de PAU
Adjudicaciones a PAU en ayuntamientos como el de Orense, cuyo exalcalde socialista Francisco Rodríguez fue detenido y permanece imputado en el marco de la operación Pokémon están siendo investigadas.
En Coruña, donde también está imputado el teniente de alcalde de Carlos Negreira, el popular Julio Flores, Procedimientos de Aseos Urbanos fue la adjudicataria del servicio de limpieza y conserjería del centro Ágora en julio de 2012. Sin embargo, en 2013, cuando ya se conocían detalles de la investigación judicial, el Ayuntamiento herculino no hizo uso de la prórroga y volvió a convocar el concurso público, que se llevó otra empresa.