La juez Pilar de Lara dio un golpe de timón en la trama de la operación Pokémon el día que decidió trocear el sumario para agilizar la causa y sentar en el banquillo a 109 imputados por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública o blanqueo de capitales.
En un gesto valiente y para impedir que se eternice la causa, De Lara ha decidido separar varias piezas del sumario para no demorar más la acción de la justicia y evitar un macrojuicio sin fecha en el horizonte e inabarcable desde el punto de vista procesal.
Es el caso del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa, al que la magistrada le ‘concede’ otro mes, antes de sentarlo de nuevo en el banquillo, al prorrogar el secreto de su pieza en el sumario. Lo mismo que la orden de unir a las actuaciones la transcripción parcial de la declaración de la expotavoz del PPdeG Paula Prado.
Los 73 tomos del auto de la Pokémon se centran en las actividades delictivas, que desde 2012 investiga la juez y que afectan a políticos gallegos de distinto signo por haberse lucrado de las operaciones del entramado corrupto.
Una trama de presuntos delincuentes que se llenaban sus bolsillos aprovechándose de sus cargos políticos, incluso cobrando importantes ‘mordidas’ para financiar a sus respectivos partidos. Una trama de corrupción política como ponen de manifiesto las informaciones que nos llegan cada día, con una detallada radiografía de los hechos y de los personajes.
Carecen de fundamento los recursos a la prórroga del sumario que hacen abogados de algún imputado por entender que se eternice. Ni mucho menos. Pilar de Lara está haciendo bien su trabajo, cuyo proceso espera terminar antes de que finalice al año. No como en otros casos que, debido a las injerencias, quedaron en aguas de borrajas por defectos de forma o por falta de colaboración.