El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha afirmado que "la responsabilidad llama a que no se ponga en marcha" la construcción de un dique flotante en la ría de Ferrol para aumentar la capacidad del área de reparaciones de Navantia, después de la respuesta negativa de Bruselas a la consulta realizada por el Gobierno de España.
En su respuesta, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea advierte reiteradamente de la posibilidad de incurrir en ayudas estatales o financiación privilegiada, lo que contraviene el derecho comunitario, ante lo que el conselleiro Conde, este miércoles, ha constatado que "en tanto en cuanto el proyecto del dique suponga un incumplimiento de la normativa de ayudas de Estado, lógicamente la responsabilidad llama a que no se ponga en marcha ese proyecto".
"Lo cual no quiere decir", según ha agregado a renglón seguido, "que se trabaje en un refuerzo del área de reparaciones". En este sentido, a preguntas de los medios antes de participar en un acto en Santiago, el titular de Economía e Industria ha fijado como objetivo "claro" el buscar "todas las alternativas posibles" para que Navantia, "primero", tenga carga de trabajo; "segundo", pueda afrontar y ser competitiva en el área de reparaciones; y, "tercero", diversifique sus actividades industriales y aproveche "todas las instalaciones y capacidades que le reporta tanto Fene como Ferrol”.
Financiación privada
Preguntado al respecto de la existencia de un grupo de empresas que supuestamente tenían comprometida su participación en la financiación de la construcción del dique, Conde ha apuntado que "la aportación pública, tal y como se traslada -la respuesta de Bruselas-, tendría que ser como máximo de un 15%, y a partir de ahí, el resto tendría que ser, en un momento determinado, aportaciones privadas".
En ese sentido, ha resaltado que "cualquier viabilidad del dique flotante tiene que ser en un esquema en el que la aportación pública no sea considerada ayuda de Estado". "Ese es el camino que hay que recorrer", ha enfatizado, antes de advertir que "el dique es un proyecto que puede permitir incrementar las capacidades del área de reparaciones" pero "se puede trabajar en otro tipo de infraestructuras".
"Lo que hay que garantizar es que Navantia cumpla con la normativa de ayudas de Estado, porque, de otra manera, supondría poner en peligro la propia viabilidad de la empresa", ha alertado.
Reformulación de la propuesta
Así, acerca de la posibilidad de reformular el proyecto trasladado a la Comisión europea, el dirigente gallego se ha limitado a insistir en que "todo lo que suponga conseguir carga de trabajo" es objetivo de la Xunta "y tiene que ir acompañado de reforzar el área de reparaciones". "Identificaremos todas las posibilidades que lo permitan", ha incidido.
Al Gobierno central, también cuestionado por los periodistas, le ha atribuido la responsabilidad de "identificar un proyecto que sea viable y compatible con normativa de ayudas de Estado". "Cuando se den las circunstancias, se podrá acometer ese o cualquier otro proyecto", ha llamado la atención, antes de precisar que la empresa pública "está atravesando un veto" -desde 2005 y hasta 2015- y "tiene que garantizar su cumplimiento y el futuro del astillero, lo que significa cumplir la normativa de ayudas de Estado".
En la actualidad, cuatro contratos
Interrogado sobre si la contestación comunitaria ha supuesto una decepción, Francisco Conde ha hecho referencia a los cuatro contratos que en la actualidad "son realidades" en Navantia y "suponen el doble de inversión del que supondría el dique flotante", para proclamar que el astillero ferrolano "hoy tiene un presente y un futuro".
"En principio, Bruselas lo que traslada es que Navantia no puede recibir ni directa ni indirectamente ayudas de Estado. Y lógicamente a partir de ahí tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo desde que asumimos el Gobierno e impulsando una política comercial intensa que permita dotar de carga de trabajo el astillero", ha explicado.
Así, ha apelado a reforzar el área de reparaciones y ha llamado a Navantia a "trabajar en la diversificación de las actividades industriales!" y "dotar de contenido las instalaciones que tiene tanto en Fene como en Ferrol".
El Ejecutivo autonómico, ha comprometido, "seguirá colaborando con Navantia en ese sentido", desde la creencia de que se está "en la buena dirección".
"Cuando se planteó el proyecto del dique flotante, Navantia no tenía ningún tipo de contrato. Hoy tiene cuatro contratos que duplican la inversión que supondría la propia construcción del dique y en ese sentido ese es el camino. Dotar de carga de trabajo, en eso tenemos que trabajar conjuntamente", ha repetido.
Ferrol, "una prioridad"
Para terminar, ha asegurado que "Ferrol es una prioridad para el Gobierno" y ha reivindicado estar "trabajando apoyando el sector naval". Sobre si se renuncia definitivamente al dique, ha subrayado que "lo que no es una cuestión formal es que Navantia no puede afrontar la construcción de un dique flotante si eso lleva como consecuencia el incumplimiento de la normativa de ayudas de Estado".
"Navantia y el Gobierno tienen que ser absolutamente garantistas, no solo con el cumplimiento del veto, sino especialmente y a partir de enero de 2015 con cualquier actuación que suponga un incumplimiento de las normativas europeas. Como cualquier otra empresa pública europea, está sometida a la normativa de ayudas de Estado", ha finalizado.