Los numerosos escándalos de fraude, corrupción y financiación ilegal hacen necesaria una reflexión profunda de los cambios precisos para atajar la percepción, tremendamente negativa, sobre el funcionamiento de los partidos políticos. La existencia de una relación directa entre la legalidad económica y el delito económico es lo que deben aclarar PP, PSOE y BNG.
La continua aparición de corruptos en los partidos es el fundamento del hartazgo y repulsa de la ciudadanía hacia los políticos; el monopolio de rufianes en la política es el gran problema de esta democracia, y es que el olor del dinero los ofusca y no pueden sustraerse a meterlo en sus bolsillos y, afanando cantidades inauditas, se sumergen en las pútridas charcas del mangoneo. A ello, ha contribuido, en extremo, la figura del intermediario político: el mangante que busca dinero para la organización como un comisionista.
La corrupción se halla inserta en el seno de los partidos, porque prioriza la consecución y el mantenimiento del poder a los valores éticos, lo que hace que cierren los ojos ante conductas delictivas y amorales.
Entregar los libros de contabilidad no significa que exista interés en poner coto a la corrupción y financiación ilegal. Es un tópico irreal el que los partidos quieren combatir la corrupción, eso se da solo cuando se trata de la ajena. Porque no hay ninguno que haya denunciado ni un caso de cohecho entre los suyos; aún cuando son evidentes los sobornos, ellos salen poniendo la mano en el fuego por el correligionario o diciendo que no saben nada.
El auto de la juez Pilar de Lara sobre el caso Pokémon es un claro ejemplo de que los implicados no son unos pocos, pero todos están blindados por sus organizaciones. Y es que poder tiene atrapado a los partidos para acabar con los corruptos.