Legalidad y ética son dos conceptos que cada día que pasa se alejan más el uno del otro. Una prueba más de que esta maldita crisis no es solo económica. Es legal que un dirigente político imputado no dimita mientras no se demuestre, a través de la Justicia, que es culpable. Pero no es ético, y mucho menos si es presidente provincial de un partido y máximo responsable de una diputación, como la de Pontevedra.
Es legal el cobro de dietas, además del buen sueldo que tiene. Pero no es ético que, ante los sacrificios a los que se está sometiendo al común de la ciudadanía, él no haya renunciado ya a alguno de esos privilegios.
Qué quieren que les diga. Verán ustedes, así son las cosas. Calendarios de festejos generosos y extensos, chismes, corrupciones, ceños de fruncidos -me deben y no me pagan- y una clase dirigente infantilizada. Un lamentable mensaje para jóvenes y potenciales indigentes. La cosa es seria.
¿Y si hay milagros? Es como preguntarse ¿y si nos toca la bonoloto? Aquí pensamos así, y muchas veces resulta.
Pero también se dice que los méritos del presidente de la Diputación pontevedresa, con sus medidas para reducir la deuda, a la que la llevó, es pedir un crédito. Es decir, endeudarse con la apariencia de reorganizar o recapitalizar la institución para volver a los despilfarros, con más campos de fútbol, que con los años triplican los dineros públicos mal invertidos. Y todo aunque haya sido a costa de la contención salarial de los funcionarios, de un paro desbocado en su provincia y de unos municipios arruinados.
Son factores que, además de sus implicaciones con la Justicia, han ayudado a que muchos de sus correligionarios pidan una renovación urgente.
Sin caer en un estado eufórico y exagerado, como los que ahora apelan a esa renovación, habría que preguntarles cuánto tiempo han mirado para otra parte y cuánto años han permitido anteponer la legalidad a la ética.