La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, instructora de la operación Pokémo, ha prorrogado de nuevo el secreto parcial de las actuaciones. Así lo ha comunicado a las partes mediante un auto con fecha 9 de julio en el que informa de que ha prorrogado el secreto parcial.
La operación Pokémon supera el centenar de supuestos implicados en esta instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.
En el epicentro se sitúan las empresas del grupo Vendex, cuyas actividades se investigan en esta pieza separada, aunque también la concesionaria del servicio de aguas Aquagest centra otras ramas de esta investigación, entre otras empresas salpicadas.
Desde que la operación estalló el 20 de septiembre de 2012 con la detención de los entonces alcaldes de Orense, Francisco Rodríguez (PSdeG); y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PPdeG); y del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, la operación Pokémon ha salpicado a otros gobiernos locales de las ciudades más importantes de Galicia.
Así, están imputados en esta operación los regidores de Lugo, José López Orozco (PSdeG), y el exalcalde de Santiago Ángel Currás (PP). En la capital de Galicia fueron imputados varios ediles que ya han renunciado, así como el concejal socialista Bernardino Rama, mano derecha del exregidor Xosé Sánchez Bugallo. Por su parte, en Coruña está imputado el teniente de alcalde, Julio Flores (PP), así como el concejal socialista José Nogueira.
Aparte de los políticos y técnicos salpicados en estos ayuntamientos, también permanece imputado el alcalde de O Carballiño Argimiro Marnotes (PP), y se ha recabado información de la concesión de servicios públicos en otros múltiples consistorios como los de Ortigueira, Marín, Oroso, Ponte Caldelas o Arzúa, entre otros, así como otros de Cataluña y Asturias.
Otros municipios
En otros ayuntamientos más pequeños, como Ordes, también declaró como imputada la concejala de Educación y teniente de alcalde, Silvia Marín, del grupo independiente Unión por Ordes. En Cospeito, Manuel Pico Yáñez, que había sido elegido en la lista del PSdeG, fue llamado como imputado por su condición de empresario. Poco después de prestar declaración ante la jueza, presentó su dimisión Fernando Varela, que era concejal del BNG en el Ayuntamiento de Orense.
La Pokémon también acabó por salpicar a Paula Prado, diputada autonómica que presentó su dimisión como portavoz del PPdeG tras meses de revelaciones sobre las investigaciones de las que fue objeto, que ha declarado en calidad de testigo.
Dentro de la propia macroinvestigación de la Pokémon se han subdividido algunas operaciones como la Manga, que se centró en Santiago y en la que acabó imputado el exalcalde Gerardo Conde Roa, o la Pikachu, nombre con el cual fue bautizada la rama que investiga las concesiones en Coruña.