El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha rechazado este lunes fijar "un criterio rígido permanente" como la apertura de juicio oral para determinar el cese de imputados y ha argumentado que podría conllevar "injusticias" o incluso provocar que se mantuviesen cargos que, por ejemplo, ya han reconocido públicamente irregularidades.
En rueda de prensa, preguntado sobre los imputados y si debe haber un acuerdo para que no vayan en las listas, el portavoz popular ha dado una respuesta más amplia relativa a la situación de los cargos que se encuentran en esta situación y ha esgrimido que no es una cuestión acerca de la que se pueda establecer "un criterio fijo".
Así, ha esgrimido que en algún caso puede darse "una circunstancia previa a la de imputación" que puede determinar que el partido aparte a un cargo si tiene una "evidencia" como el propio reconocimiento de que se cometió una actividad irregular. Eso obligaría, ha subrayado, al partido a actuar "incluso antes que la Justicia".
Frente a ello, ha contrapuesto que hay "otras circunstancias" en las que es "mucho más difícil" discernir lo que hizo el cargo en cuestión. "Cuando hay evidencias los partidos creo que actúan, por lo menos en el mío creo que de forma ejemplar", ha esgrimido el portavoz popular, quien ha matizado que dentro de las "evidencias" está "el propio desarrollo de determinadas actuaciones judiciales".
Tras esta reflexión, se ha reafirmado en que establecer "un criterio rígido permanente" puede conllevar "una injusticia" ya que personas que "no hicieron nada" se podrían ver obligadas a abandonar sus responsabilidades o a "sostener" a otros pese a tener "evidencias" de que cometieron actividades irregulares.
"Lo que debe imperar es el sentido común", ha sentenciado Puy, quien ha ejemplificado con el caso del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa para remarcar que dimitió tras reconocer públicamente que tenía un problema con Hacienda. "No se esperó a que se abriese juicio oral", ha remarcado.
En cuanto a la situación del expresidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar, que compareció este lunes ante la jueza de la operación Pokémon, ha señalado que él niega las irregularidades que se le imputan, para precisar que, en su caso, adoptó la decisión de pedir la baja de la militancia del partido porque lo consideró oportuno. "El partido actúa cuando expulsa", ha enfatizado.
Contra "líneas rojas"
A modo de argumento para ratificar su rechazo a fijar "una línea roja" para imputados, ha señalado que nacionalistas y socialistas han incurrido en el "error" de afirmar que "es posible siempre" establecer "un momento" a lo largo de un procedimiento judicial en el que hay "como una línea roja" que, una vez cruzada, "obliga a dimitir".
"Yo lo que sostengo es que esa línea roja es muy compleja porque muchas veces un partido tiene la obligación de solicitar la dimisión de una persona mucho antes de que se produzca un juicio oral e incluso antes o coincidiendo con la imputación; y en otras ocasiones pensando en la presunción de inocencia conviene ser prudentes y esperar a que haya pruebas en la propia sede judicial", ha reflexionado.
El BNG, "clara víctima"
Así, sobre la decisión del BNG -que abandera la dimisión de todos los cargos imputados en casos de corrupción- de mantener los regidores Vimianzo y Arzúa pese a tener ambos esta condición procesual, Puy ha interpretado que el Bloque es "una clara víctima" de intentar poner "un listón muy rígido" para ser "los campeones de la ética".
Este ejemplo ha servido a Puy para reafirmarse en que resulta "imposible" trazar "una línea roja" para imputados y que los partidos deben someterse a la información que vaya trascendiendo para actuar cuando se tenga la "certeza" de que un cargo cometió una irregularidad. Lo que ocurre, ha concluido, es que a veces esta certeza no llega hasta que hay "sentencia" y otras en cualquier momento del procedimiento.