Las cuatro diputaciones de Galicia le cuestan a los gallegos unos 677 millones de euros al año y, según los datos del ente provincial lucense, deben más de 186 millones. La entidad pontevedresa que presidente Rafael Louzán es la más endeudada, con más de 67 millones de euros, y la que mejor se recupera del pufo es la de Lugo, que debe 31 millones. La de Coruña tiene un agujero de 43 millones y la de Orense de 45 millones. Tan solo el salario de los presidentes le cuestan a las arcas de estos organismos 278.688 euros al año. Los sueldos de Baltar, Louzán y Calvo (72.000 euros el primero y 71.593, los otros dos) se acercan al del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cobra al año 78.185,04 euros.
En todas las facetas de la economía, sale más la cuenta de intermediar que de producir. Tras el interminable debate sobre si las diputaciones son necesarias o resultan un lujo insoportable en estos tiempos de ajustes subyacen dos tipos de planteamientos: el político y el económico.
Dirimir el segundo es preguntarse por la intermediación, por cuánto cuesta la maquinaria provincial de gestión de servicios que prestan estas instituciones y si sería o no más barato transferirlos a la Xunta de Galicia o a los ayuntamientos.
Mantener las cuatro diputaciones de la Comunidad le ha costado a los gallegos 542 euros al año en 2010. Si el incremento de los tres años siguientes, hasta 2013, supone un 25%, la cifra actual se situaría en 677 millones de euros al año.
Pues bien, si hubiera que pagar a escote los servicios que prestan las diputaciones y sus inversiones, los residentes en las cuatro provincias gallegas se rascarían los bolsillos de manera muy desigual. En realidad, la gran diferencia estaría entre los que viven en la provincia de Coruña y Orense. A estos últimos les saldría bastante más caro. Y eso sin entrar en el capítulo de ingresos y gastos, los orensanos tendrían que pagar una media de 144,07 euros al año solo para amortizar la deuda de la Diputación, situada en 43 millones de euros. Para saldar los números rojos, los lucenses tendrían que abonar una media de 87,21 euros al año; los residentes en Pontevedra, 69,53 euros; y las personas censadas en la provincia coruñesa, 37,51 euros al año.
Según los datos de la Diputación Provincial de Lugo, la deuda de las cuatro instituciones gallegas alcanzaban los 186 millones de euros a finales de diciembre de 2013. En ente más endeudado es el pontevedrés, presidido por Rafael Louzán, con unos números rojos de más de 67 millones de euros; a continuación figura Orense, con 45 millones; Coruña, con 43, y Lugo, con 31 millones de euros.
Sin embargo, la proporcionalidad no es real para los gallegos residentes en las diferentes provincias. El número de habitantes por provincia hace bajar de forma alarmante el coste por habitante en relación con la deuda. Por ejemplo, si Lugo (355.185 habitantes) tuviese los mismos habitantes de Pontevedra (963.511) pagaría 32,17 euros al años para amortizar la deuda de su Diputación. Por el contrario, los pontevedreses tendrían que pagar 188,62 euros al año de tener los mismos habitantes que Lugo. En todo caso, teniendo en cuenta al número de habitantes y al endeudamiento, lo coruñeses son los que menos tendrían que aportar para amortizar la deuda de su ente provincial.
Reducción en 2012
En relación al año 2012, la deuda de las cuatro diputaciones gallegas disminuyó especialmente en Lugo, donde se situó en 29,7 millones de euros (-18,6%). La deuda de la Diputación de Pontevedra quedó en 91,2 millones de euros (-12,2%); la de Coruña en 67,7 millones (-15,5%), y la de Orense en 56,1 millones (-0,7%). Esto supone que los cuatro entes provinciales tenían a finales de diciembre de 2012 una deuda de 215 millones de euros.
Además de la deuda contraída, lastra el elevado gasto en funcionarios, asesores o servicios de mantenimiento, lo que acaba mermando su capacidad de realizar inversiones reales en los municipios.
Por como los datos no siempre son coincidentes, nos remitimos a los oficiales del Gobierno. A finales de 2012, según los datos del Ministerio de Economía, las cuentas pendientes de las diputaciones gallegas llegaban a los 277 millones, lo que supone un 58,6% de los ingresos contabilizados ese mismo año.
Pero para conocer un poco más estos desajustes contables y políticos, nos vamos al año anterior. Lo más sorprendente es que, pese a los ajustes llevados a cabo, donde más gastaron fue en su propia supervivencia. De los 473 millones de euros de ingresos que registraron los entes provinciales en 2011, un 29,6% iba destinado a asesores, políticos y personal administrativo, un índice que se eleva hasta el 47,8% al incluir los gastos de los funcionarios de estos organismos. Un claro ejemplo de la mala gestión y el despilfarro, es que un centro cultural de Orense llegó a tener 11 bedeles con contratos fijos.
Las diputaciones gastaron en personal en 2011 un total de 140,6 millones de euros. Aplicando como base el baremo utilizado por la Administración pública con el que se media de salario (incluida la Seguridad Social) que obtiene cada empleado público ronda los 30.000 euros anuales, el número estimado de empleados que está bajo el paraguas de estos entes ascendía a 4.689.
Tomando como referencia los presupuestos de 2011 -que son prácticamente como los de hoy-, el gasto en la inversión real de las cuatro diputaciones provinciales llegó al 17,27% de los ingresos. Además, la transferencia de capital, mayoritariamente destinada a municipios, representó el 7,05%.
Cobran casi como Rajoy
Como es lógico, uno de los capítulos que se lleva la mayor parte del presupuesto de las diputaciones es el de personal. Tan solo los cuatro presidentes le cuestan al erario público 278.688 euros al año. Incluso sus salarios se aproximan al sueldo que percibe el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cobra 78.185,04 euros al año.
Baltar tiene una asignación anual de 72.000 euros, y lo más alarmante es que la diputación que preside dispone de una exclusividad de 550.000 euros al año. Rafael Louzán y Diego Calvo tiene el mismo sueldo: 71.593 euros. Pero mientras que la Diputación de Pontevedra tiene tres dedicaciones exclusivas, a razón de 59.818 euros cada una, la coruñesa cuenta con ocho, con salarios de 60.500 euros cada uno al año.
El socialista José Ramón Gómez Besteiro, presidente de la Diputación de Lugo, es el que menos cobra, 63.502 euros al año. Pero en el ente tiene dos vicepresidentes que perciben 57.000 euros cada uno, además de de cinco dedicaciones exclusivas a razón de 50.393 euros al año.
Cuatro de personal
Existen otros factores, al margen de los gastos en prestaciones de servicios que son altamente preocupantes. Mientras los sectores que prestan los servicios esenciales ven mermadas sus plantillas, concellos y diputaciones han comenzado a reforzar su personal.
Después de prescindir de 4.489 puestos de trabajo desde 2008, la Administración local incorporó el año pasado 1.221 trabajadores. En este capítulo, Galicia se colocó como la cuarta comunidad con mayor aumento de personal en ayuntamientos y diputaciones en 2013, por detrás de Andalucía (que incrementó sus empleados en la Administración local en 10.719), Castilla y León (1.804) y Madrid (1.473).