Los 104 contratos que se realizaron entre enero y marzo de 2010 a través de ocho decretos firmados por el entonces presidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, costaron 700.000 euros a la institución provincial.
Este dato fue desvelado al inicio del quinto y último día de juicio contra el expresidente, ya fura de la política, y para el que las acusaciones piden diez años de inhabilitación por delito de prevaricación continuada.
Así, en su intervención inicial en la sala de la Audiencia, y en el turno para explicar las conclusiones definitivas, el abogado del PSOE dio a conocer el informe de la intervención de la institución en el que se recoge esta cifra, en el que apoya su petición sobre responsabilidad civil que reclama a Baltar.
Por parte del fiscal, Florentino Delgado, comenzó la intervención final explicando que en el banquillo no está sentado el expresidente Baltar, "sino una manera de hacer las cosas, una idea de lo que es la administración pública y el servicio a los ciudadanos".
Según el fiscal, el "personalismo" se caracteriza por "dejación del ordenamiento" y en él, "uno piensa que es más que el ordenamiento y que el ordenamiento está al servicio de su fin, que es, en este caso, ser el presidente".