El nuevo director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, ha cifrado en un 20 por ciento la ejecución "global" de las obras de la autovía de la Costa da Morte, para la cual ha comprometido su puesta en marcha "en esta legislatura".
Lo ha aseverado en la comisión de ordenación territorial y obras públicas del Parlamento, donde este responsable autonómico ha comparecido por primera vez después de ser nombrado para relevar a la actual conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez -hasta ahora estaba al frente de Augas de Galicia-.
El diputado del PSdeG Raúl Fernández, pese a reconocerle un tiempo de cortesía para que se haga con el nuevo cargo, le ha advertido de la "herencia envenenada que recibe", en relación a una "parálisis insultante" en esta obra, que le ha animado a gestionar "con un estilo nuevo".
Menéndez, por su parte, ha recogido el guante del socialista -que alertó también de que "lo que mal empieza, mal acaba", por esta autovía y la rescisión del contrato a la llegada de los populares al Gobierno-, para afirmar que lo que pretende el Ejecutivo autonómico es que "lo que mal empezó, acabe bien".
En este sentido, ha valorado que "hay un cierto trabajo ya ejecutado", aunque ha admitido que la "incertidumbre" económica genera un "problema" vinculado con la financiación que necesita la concesionaria. "Se está trabajando para que se ponga en servicio, para que esa solución a los problemas financieros sea lo más factible posible", ha subrayado.
Al respecto, ha indicado que lo que ahora se hace es "concentrar los esfuerzos" para que el primer tramo, de unos 25 kilómetros, el "más urgente" y que beneficiaría a un mayor número de vecinos, "sea una realidad lo antes posible".
Actuación "rápida pero no temeraria"
Así las cosas, y ante las reclamaciones de "rigor" y "decencia política" por parte del parlamentario Raúl Fernández, que ha reprochado los "incumplimientos reiterados" en los últimos seis años, Francisco Menéndez ha abogado por "actuar de forma rápida pero no temeraria".
En este sentido, ha asegurado que la Xunta de Galicia desarrolla un "trabajo riguroso" pero trata de garantizar la "máxima seguridad jurídica".