Responsabilidad civil

La juez Pilar de Lara vuelve a cercar a políticos presuntamente implicados en partidas ilegales al más puro estilo de aquellos ventajistas y truhanes, que han cambiado los viejos vapores del Misisipi para cruzar Galicia en vehículos de alta gama.

Día tras día, da pruebas de que estamos ante una verdadera legión de implicados en casos de corrupción y prevaricación. De sinvergüenzas que se aprovechan de sus cargos para llenar los bolsillos de forma ilícita.

Pero no parece que haya hecho nada la audaz juez para que las cosas cambien. Porque la trama es grande, los medios pocos y la colaboración mínima.

No se puede olvidar que la primera obligación de los políticos es garantizar el cumplimiento de la ley y colaborar con ella. Pero para garantizar ese cumplimiento en el extenso ámbito de la corrupción, cabe preguntarse cuáles son las razones que llevan a los responsables políticos a mirar para otra parte, y no ayudar a acabar con esta lacra.

A nadie debería coger por sorpresa. Porque, en vez de colaborar, se han dado casos de entorpecer o incluso tratar de paralizar determinadas denuncias e investigaciones judiciales sobre importantes casos de corrupción.

De hecho, la sociedad asiste perpleja al esperpéntico espectáculo que ofrecen nuestros representantes, inmersos en tramas de corrupción con significativas ramificaciones políticas, que arruinan la imagen del país y ponen en duda al mismo Estado de derecho.

Asumir la responsabilidad política forma parte de la colaboración con la Justicia, en la que cesar de sus cargos y expulsar de sus organizaciones a los presuntos corruptos, es fundamental.

En lugar de esa colaboración, no deja de sorprender la rapidez hipócrita con la que actúan unos y otros, acusándose mutuamente de tener en sus filas a corruptos. Pero nunca reconocen la suya.

Lo más importante para cortar de raíz estos casos de corrupción política sería la de ejercer la responsabilidad civil sobre los propios partidos y sus máximos dirigentes. Pero es algo que no puede ser, porque son ellos los que dictan las leyes y reparten el poder judicial.