Galicia está salpicada de corrupción a todos los niveles políticos. Además de los casos de posibles sobornos, la juez Pilar de Lara ha decidido requerir a PP, PSOE y BNG sus libros de contabilidad y todos sus datos contables. Con esta medida, De Lara pretende esclarecer si los fondos supuestamente percibidos por políticos de estas formaciones tenían como destino final a los partidos.
La simple permisividad de prácticas internas opacas o contrarias a la legalidad en la financiación de partidos, y mucho más la participación en las mismas, descalifican para ejercer la política a aquellos que utilizan estos métodos. Y especialmente en tiempos de tanto descrédito social hacia de las formaciones políticas ante tanta sucesión de escándalos sobre corrupción y financiación irregular.
Pero las investigaciones de la juez instructora van más allá. Cuestionan también la legislación sobre la financiación de las organizaciones políticas, los mecanismos de control que deben hacerla respetar y, en definitiva, la credibilidad democrática del sistema de financiación de partidos.
Aunque los hechos investigados sean anteriores a las últimas elecciones municipales, las evidencias que está investigando la juez han dejado al desnudo las limitaciones de la ley. Y es que la última reforma ha demostrado ser insuficiente para controlar el desaforado crecimiento de las estructuras de los partidos, lo que exige una revisión mucho más profunda de su sistema de financiación.
El nuevo auto de la magistrada vuelve a sacudir los cimientos de los partidos, pero sobre todo los pilares de ocho ayuntamientos inmersos en varias investigaciones sobre presuntas prácticas de sobornos, con alcaldes y concejales imputados.
Ahora bien, hay que separar la paja del trigo. Porque la juez De Lara tiene materia suficiente con el entramado empresarial que algunos políticos utilizan para beneficio propio.