La jueza que instruye la operación Pokémon, Pilar de Lara, ha decidido requerir a PP, PSOE y BNG sus libros de contabilidad y todos sus datos contables, a fin de analizar las donaciones recibidas durante los meses de mayo y junio de 2011, cuando se celebraron las últimas elecciones municipales. Con estas medidas, Pilar de Lara pretende esclarecer si los fondos supuestamente percibidos por políticos de distinto signo tenían como destino final a los partidos. Según se desprende del auto, la empresa Vendex pagó 6.000 euros a José Luis Baltar Pumar, anterior presidente de la Diputación de Orense, y otros 3.000 a José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, cuando era concejal, y actual presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp). Así figura en el informe enviado por Aduanas a Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, informe que sirvió a la jueza para imputar a estos dos políticos del PP en el caso Pokemon, que investiga presuntos tratos de favor y corrupción en la adjudicación de servicios públicos a empresas del grupo Vendex. En el documento que instruye la juez De Lara están implicados políticos de los tres partidos de ocho ayuntamientos gallegos.
Las imputaciones, por presuntos delitos de cohecho, fueron conocidas este lunes. En ese informe de la juez Pilar de Lara, aparecen otros pagos a políticos. Entre los más relevantes, Julio Flores, actual teniente de alcalde de Coruña, habría recibido 5.000 euros. Mil euros más recibió, siempre según ese informe, el también coruñés Juan José Martínez Cagigal, concejal del BNG. Un tercer edil de Coruña, en este caso del PSOE, José Nogueira, fue el destinatario, presuntamente, de otro pago de 2.000 euros. Todos ellos están citados para declarar el próximo lunes, a las diez de la mañana en Lugo, en calidad de imputados. También acudirá, pero como testigo, el actual presidente de la Diputación de Coruña, Diego Calvo, del PP. Otra de las novedades es que Aduanas cree que el portavoz del PP en el Senado José Manuel Barreiro recibió 5.000 euros de Vendex.
Ocho ayuntamientos
En un auto la magistrada acota la petición a las sedes de los tres principales partidos en Galicia a las ciudades de Coruña, Lugo, Orense, Ferrol y Santiago, además de a los municipios coruñeses de Ribeira y Boqueixón. "Idéntica información" requiere de Terra Galega en la localidad coruñesa de Arteixo.
Todas estas formaciones deberán facilitar a los agentes de Vigilancia Aduanera sus libros contables e identificar a los encargados de la contabilidad, así como precisar quiénes eran los responsables de las cuentas bancarias en el entorno de los últimos comicios locales.
Asimismo, la jueza pide al Tribunal de Cuentas que entregue a los agentes todos los datos y asientos contables correspondientes a las donaciones recibidas por los partidos antes citados. A las compañías telefónicas, además, les pide información sobre los teléfonos de los últimos llamados a declarar en calidad de imputados.
Finalmente, reclama de los ayuntamientos de Ferrol, Verín y Ribeira un informe con todos los concursos públicos en los que haya participado alguna empresa del Grupo Vendex desde 2010 y de sus contratos vigentes o ya finalizados con alguna de las compañías de este entramado a partir del mismo año.
¿Financiación de los partidos?
Con estas medidas, Pilar de Lara pretende esclarecer si los fondos supuestamente percibidos por políticos de distinto signo tenían como destino final a los partidos.
De hecho, en los fundamentos jurídicos que incluye el auto, explica que las distintas diligencias practicadas -intervenciones telefónicas, análisis de información de equipos informáticos, examen de la contabilidad- permiten concluir que los dirigentes de Vendex habían diseñado "una política empresarial conforme a la cual, para lograr adjudicaciones de las administraciones públicas, especialmente de las municipales, realizaría presuntamente sobornos".
Estos "sobornos", como detalla, consisten básicamente en la contratación de personas "recomendadas", en el "pago de dinero" y en el "agasajo de regalos" a autoridades municipales, políticos y funcionarios que, "bien directa o indirectamente, han realizado actos o influenciado" para que este grupo empresarial lograse contratos públicos.
La prueba que esgrime es que tanto el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, como el responsable del grupo a nivel estatal, Gervasio Rolando Acosta, han realizado "pagos de elevados sumas de dinero, sin causa justificada lícita aparente, a distintas personas con cargos institucionales y/o políticos".
Distintos medios publican este martes que el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, habría recibido 5.000 euros de Vendex, extremo que él mismo ha desmentido a Europa Press. Lo mismo han hecho otros compañeros suyos de partido, como el regidor de Ferrol, José Manuel Rey Varela (3.000 euros); el teniente de alcalde de Coruña, Julio Flores (5.000 euros); y el expresidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar (6.000 euros).
La propia jueza pone de manifiesto en su auto que "no consta si tales pagos se han efectuado" para estas personas -entre otras- "a título particular" o "si se trata de donaciones ilícitas efectuadas al partido al que representan".