En épocas de bonanza muchos han sido los gastos superfluos que las diferentes administraciones han llevado a cabo. De todo ello se puede hacer un mapa con los grandes despilfarros que se han contraído durante años.
El sistema institucional es muy complejo, la Administración autonómica tiene amplias competencias, pero también cuenta con cuatro diputaciones provinciales.
Es ilógico que una Diputación, en tiempos de crisis, destine 7,2 millones de euros para construir un campo de fútbol, que con el paso del tiempo han adquirido un sobrecoste del 148%.
Este estrambótico ejemplo se reproduce en la Diputación de Pontevedra. El sobrecoste total soportado por las arcas del ente provincial es de 10,7 millones hasta ahora, y la obra sin finalizar. Y la deuda de la Diputación llega a los 68 millones de euros; la más endeuda de las cuatro gallegas.
En su afán de erigirse en un miniestado, Rafael Louzán se ha enfrascado en construir un campo de fútbol de primera para un equipo de segunda B.
No repara en gastos y, para colmo, reclama que el Estado (de donde recibe el dinero) tape sus desajustes con fondos de compensación y salgan en su auxilio ante la ingente deuda acumulada.
Es una conducta megalómana, acrítica y carente de criterios de eficacia para llegar al ciudadano en forma de servicios. Y todo lo hace sin transparencia. Louzán es así, y se lo permiten.