PSOE y BNG estudian recurrir vía judicial el gobierno de Hernández

Los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Santiago estudian emprender acciones judiciales sobre el "proceso" para constituir el nuevo gobierno municipal. El PSOE anunció que estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el nuevo gobierno de Santiago que dirigirá Agustín Hernández en relevo de Ángel Currás, compuesto en su mayoría por concejales no electos, al tener "muy serias dudas" de la "constitucionalidad" de que estos ediles que no han sido elegidos por los ciudadanos puedan votar en pleno. En similares términos se ha pronunciado la formación nacionalista. Sin embargo, el BNG ha anunciado este jueves que recurrirá por vía judicial el nuevo equipo diseñado por el futuro alcalde, Agustín Hernández. Ambas organizaciones consideren "poco democrático" que siete de los nuevos ediles sean no electos, y dudan tanto de su elección como de que puedan votar en el pleno.

El portavoz del PSOE en el Pazo de Raxoi, Francisco Reyes, ha ratificado que los socialistas están analizando esta vía, al margen de reiterar su consideración de que el nuevo equipo que se conformará cuando la junta electoral remita las credenciales está "deslegitimado".

A modo de argumento, Reyes ha apuntado que hay sentencias que han dictaminado que los no electos "no pueden ser alcaldes" -el TC anuló el nombramiento de un regidor no electo en Cudillero (Asturias)- o que "no pueden formar parte de la junta de gobierno". "Pero nadie ha recurrido al TC para preguntar si pueden votar en los plenos", ha apostillado.

De hecho, se ha preguntado "cómo es posible" que los ediles no electos no puedan formar parte de la junta de gobierno pero sí del pleno, y ha insistido en que esta cuestión está "generando muchísimas dudas". Ha agregado que los 'fichajes' externos en las grandes ciudades --también anulados por sentencia del TC-- tenían "voz", pero "no voto".

De dar el paso, el portavoz socialista ha subrayado que la resolución en estos casos suele ser "rápida", pero ha insistido en que, al margen de lo que decida el PSOE finalmente, el hecho de que la mayoría de los miembros del gobierno no hayan pasado "por el refrendo de las urnas" genera "deslegitimación".

El BNG llevará el caso a la Justicia

La formación nacionalista lo tiene claro. El BNG recurrirá por la vía judicial el nuevo gobierno de Santiago diseñado por el futuro alcalde, Agustín Hernández, por contar con una nueva mayoría de concejales no electos (siete de 13) y entender que "choca frontalmente" con el "espíritu" que emana el actual ordenamiento jurídico y que "no se puede sustituir dedocracia por democracia", toda vez que la Constitución "deja claro" que los ediles deben ser “elegidos por los vecinos”.

Aún reacio a "judicializar" la vida política y tras argumentar que "ya bastante judicializada está" en la capital gallega debido a las "múltiples causas" que afectan al PP, el portavoz del BNG, Rubén Cela, ha argumentado que en esta ocasión es "imprescindible" hacerlo para "hacer valer los principios y derechos básicos" contra los que atenta una decisión, a su juicio, adoptada "por cálculos electorales".

Para cubrir las nueve vacantes del PP en Raxoi -las de los siete ediles inhabillitados, Rebeca Domínguez y Adrián Varela-, la dirección gallega del partido apostó por Hernández para encabezar una nueva etapa en la que, salvo él mismo y la diputada Marta González, todos los nuevos miembros del equipo proceden de fuera de la lista encabezada en 2011 por Gerardo Conde Roa.

Cela ha remarcado este jueves que había "otras opciones" como tirar de la candidatura o disolver el ayuntamiento y convocar elecciones, al tiempo que ha cuestionado la legitimidad de la decisión final. Por ello, pretende que se "pronuncie" la Justicia y presentará "en breve" el recurso anunciado, una vez que el gabinete jurídico de la formación determine la vía concreta.

Entre las que están en estudio, ha aludido a la posibilidad de un recurso contencioso electoral o bien otro relacionado con la vulneración de los derechos básicos.

"Uso torticero" del marco normativo

En declaraciones a los medios, el portavoz nacionalista ha remarcado que una vez que lleguen las credenciales de los nuevos ediles populares y se configure el nuevo equipo de Hernández, en el Pazo de Raxoi se dará una situación que se registra "por primera vez no sólo en la historia del municipalismo de Galicia sino del Estado español", con una mayoría de ediles no electos.

"Antes de llegar a este extremo", ha incidido en que la oposición planteó otras vías como la disolución del ayuntamiento y la convocatoria de unos nuevos comicios o que se relevase a los concejales entonces imputados por miembros de la candidatura popular, puesto que "les quedaban 11" para dar este paso.

Sin embargo, ha incidido en que el PP hizo "oídos sordos" por intereses "políticos" dando lugar a una situación que ha tildado de "esperpéntica" y "no comparable" a la de "otros municipios" en los que -ha alegado se tuvo que recurrir a concejales "no electos" por causas justificadas como "fallecimientos" o "incompatibilidades".

En este caso, ha acusado a los populares de recurrir a "un subterfugio pensado para hacer frente a una situación de violencia en Euskadi" como herramienta para renovar un equipo de gobierno por la "puerta de atrás", lo que ha tildado de "uso torticero" del actual marco normativo.

"Hay cosas legales que no son morales"

Como argumento, Rubén Cela también ha aludido al caso de la localidad asturiana de Cudillero, que nombró un alcalde "no electo" y ha recordado que, si bien éste fue ratificado "en primera instancia", posteriormente su nombramiento fue anulado por el Tribunal Constitucional. Así, se ha reafirmado en que "la propia figura del edil no electo es discutible".

En todo caso, ha matizado que él "no" dice que el nuevo equipo de Hernández sea "ilegal", pero sí cree que la Justicia debe aclararlo. Al margen, ha añadido que los nacionalistas no entienden que pueda haber un gobierno "con mayoría de concejales que no pasaran por las urnas", por lo que, aún en el caso de que fuera legal, "no llegaría con eso".

"Hay cosas legales que no son morales y que son reprochables en términos democráticos", ha zanjado.