La reforma de la Ley de elecciones al Parlamento de Galicia requerirá una segunda ponencia que se encargue de convertir en obligatorio que los diputados hagan públicas sus declaraciones de actividades y bienes, práctica que ya realizan en la actualidad a raíz de un acuerdo político.
Para ello, después de que la pasada semana se acordase que los portavoces de PP, PSdeG y BNG conformarían el órgano que diseñará el recorte de escaños en el Pazo do Hórreo, este martes las mismas fuerzas políticas han vuelto a trasladar a sus 'primeros espadas' la encomienda de discutir la redacción del cambio en el Reglamento de la Cámara.
De este modo, por parte del PPdeG, Pedro Puy y Paula Prado tendrán asiento en las dos ponencias; mientras que por el PSdeG repite José Luis Méndez Romeu y por el BNG lo hace Francisco Jorquera. Como suplente en esta ocasión los socialistas han optado por Carmen Gallego -en el otro órgano está Beatriz Sestayo- y los nacionalistas, por Carme Adán -en lugar de Tereixa Paz-.
Por su parte, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha decidido no participar en este proceso de modificación legislativa -en ninguna de las dos ponencias- por entender que el grupo mayoritario ya tiene "predeterminado" su resultado, como ha dicho Xabier Ron.
Publicación de bienes
Las declaraciones de bienes de los diputados son accesibles para la ciudadanía desde finales de marzo del pasado año, después de un acuerdo de la Mesa de la Cámara -el órgano de dirección, en manos de PP y PSdeG-, a través del Boletín Oficial del Parlamento y en su página web.
No obstante, en base a la reforma normativa pretendida, el carácter obligatorio de esta medida de transparencia quedará plasmado en el Reglamento del Parlamento.
Reforma electoral
Con la creación en los últimos días de las dos mencionadas ponencias, se comenzará a tramitar una reforma legal que ya fue tomada en consideración por el pleno del Parlamento el pasado mes de febrero sólo con los votos del PPdeG.
Su objetivo, expresado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hace casi dos años, es que la Cámara gallega pase de 75 diputados a 61, extremo al que se oponen frontalmente todos los grupos de la oposición.