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Registran la sede central de Vendex para volcar datos informáticos

La jueza pide a Interpol que determine los lugares de estancia del exalcalde de Orense y su pareja en viajes a Brasil y Argentina.

Las oficinas de la sede central del Grupo Vendex, investigado en el marco de la operación Pokémon, han sido registradas de nuevo este mes de mayo para interceptar y volcar datos informáticos. Así consta en un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo con fecha 12 de mayo, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se señala que el día 7 se procedió a la "entrada y registro" de las oficinas de Vendex en la sede central de Madrid ubicadas en la calle Zurbano.

La diligencia se llevó a cabo "a los efectos de proceder a la interceptación y volcado de servidores, redes y equipos informáticos para la práctica y volcado de datos informáticos" utilizados por Gervasio Rolando Rodríguez, el jefe de Vendex imputado en la causa, y su hijo Rolando Rodríguez, así como una empleada.

Si bien la jueza Pilar de Lara Cifuentes decretó el secreto sobre esta actuación, lo ha alzado por completo, según especifica en el auto, una vez que Vigilancia Aduanera ha comunicado la finalización de la diligencia practicada el 7 de mayo, ya que "el conocimiento de la práctica de esta diligencia no podrá frustrar el resultado de la misma".

Viajes

Además, en otra providencia con fecha 12 de mayo, la jueza instructora pide que la Guardia Civil e Interpol determinen "los lugares de estancia" del exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez y su pareja sentimental en viajes a "Brasil y Argentina" de "acuerdo con la información facilitada por Vigilancia Aduanera".

Asimismo, a raíz de las denuncias recibidas sobre Arzúa (Coruña) interesa la práctica de gestiones "para investigar los hechos a fin de determinar si tienen relación con los investigados en las presentes actuaciones".

Para ello, autoriza a la Guardia Civil "a llevar personalmente la investigación trasladándose si fuera preciso al mencionado ayuntamiento y su demarcación, todo ello por cuanto que los agentes tienen conocimiento exhaustivo de la investigación por haber tenido intervención en hechos de naturaleza semejante relacionados con la presente investigación".

También De Lara solicita al citado cuerpo de seguridad que recabe de la asociación de vecinos denunciante del Ayuntamiento de Punxín (Orense) "nueva documentación si la hubiera" y "emita el correspondiente informe".

En otra providencia del 9 de mayo, recogida por Europa Press, la jueza alude a una serie de informes de Vigilancia Aduanera sumados a la causa, entre los que se incluyen documentos relativos al expediente de adjudicación a Cechalva por el Ayuntamiento de Lugo, la adjudicación a Sermasa por el citado Consistorio así como el informe ampliatorio sobre la concesión del servicio de gestión de la piscina municipal municipal cubierta climatizada y la piscina exterior descubierta del Ayuntamiento de Arzúa.

Conversaciones

Además, alude a un informe sobre conversaciones relativas al edil popular compostelano Adrián Varela relativas a la petición de despido de una trabajadora de Sermasa.

A ello se suma la "diligencia ampliatoria" al "atestado de 26 de diciembre de 2013 relativo al presunto tráfico de influencias por recomendación de contrataciones referentes al concejal coruñés Miguel Lorenzo.

Entre los documentos, se cita, además, un informe sobre la denuncia del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa "sobre impago de impuestos", otro sobre "presuntas filtraciones" y otros relativos al Ayuntamiento de Santiago y Lugo.

De Lara pide, asimismo, en la providencia que "se una a la causa" el "escrito sobre contratación y personal en los centros socioculturales del Ayuntamiento de Santiago". "Y, dado que los hechos denunciados, si bien pueden ser constitutivos de delito, no guardan relación con los investigados en la causa", según matiza, demanda que se proceda a "incoar las correspondientes diligencias previas" y la inhibición a favor del "juzgado decano de Santiago de Compostela, donde se habrían cometido los hechos denunciados".

Finalmente, en otro auto con fecha 12 de mayo, la jueza instructora pide a una compañía telefónica que identifique "al titular o usuario" de un línea con prefijo de la provincia de Coruña "para poder identificar a la persona que habla con Ángel Espadas en la conversación de fecha 9 de julio de 2012".

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