La asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 muestra "satisfacción" por la imputación de 11 excargos de Adif en el caso por el accidente ferroviario de Angrois en el que murieron 79 personas, al considerar que "corroboran" que "decisiones al más alto nivel" dentro de este organismo y de Renfe, "ambos dependientes del Ministerio de Fomento", comprometieron la seguridad de los viajeros. Así las cosas, este colectivo de víctimas -uno de los dos constituidos tras el siniestro- reitera su exigencia de creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, en la que comparezcan "el Ejecutivo anterior y el actual". Mientras Apafas (la otra asociación de afectados) centra su objetivo en la instrucción judicial, esta plataforma hace hincapié desde lo sucedido en las responsabilidades políticas del descarrilamiento.
"Que los responsables políticos nos expliquen a las víctimas, a sus familiares y toda la sociedad española, con luz y taquígrafos, por qué y quién puso en riesgo la vida de miles de personas, con el resultado de 80 muertes -hubo un fallecimiento posterior a los hechos- y más de un centenar de heridos", asevera.
La plataforma se manifiesta satisfecha con el último auto del juez que todavía instruye el accidente como titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Luis Aláez, que llama a declarar a 11 excargos del administrador de infraestructuras ferroviarias -un expresidente, el exresponsable de seguridad y nueve vocales del consejo de administración cuando se inauguró la línea Ourense-Santiago, en diciembre de 2011-.
Como Apafas, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 había expresado su preocupación por el hecho de que el traslado de Aláez a otro juzgado -el de lo Penal de la capital gallega- y la llegada de un nuevo magistrado retrasase el proceso.
Estas 11 imputaciones se producen después de que la Audiencia Provincial de A Coruña levantase las que anteriormente había decidido el juez Aláez -a 22 cargos de Adif- y semanas antes de que se materialice el cambio.
Testigos y peritos
Entre ambas medidas, este mes de marzo, el instructor del caso tomó declaración en calidad de testigos a tres responsables de Renfe y a cuatro técnicos y un alto cargo de Adif. Por parte de la operadora ferroviaria comparecieron el jefe de maquinistas de la provincia de Ourense, que avisó un mes después de la inauguración de la línea del riesgo que suponía para la seguridad; su superior inmediato y un responsable de seguridad a la que se le envió el informe elaborado por el primero.
De manera paralela, el juez pidió a seis peritos que le aportasen un dictamen preeliminar sobre la línea y el tren siniestrados. Cuatro de ellos ya fueron entregados -el nombrado por parte de la defensa del maquinista, hasta ahora único imputado; dos de los tres judiciales designados por la Xunta y el de la aseguradora de Renfe, QBE- y el magistrado entiende, según indica en el auto notificado este viernes, que la nueva información "acarrea una provisional atribución de responsabilidades penales a determinadas personas de Adif responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria como potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva, previsto y penado en el artículo 350 del Código Penal, y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones de los artículos 142 y 152 del Código Penal".
Todavía faltan por trasladar al juez su informe los peritos designados por parte de Adif, José Luis Pinel, y el del ingeniero de caminos de la Xunta, Juan Carlos Carballeira Rifón.