El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Cambados ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, Rafael Louzán, su esposa y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera Varela, a los cuales cita a declarar como imputados.
La Fiscalía presentó la querella tras investigar, a raíz de una denuncia anónima, posibles sobreprecios en el alquiler de unos bajos propiedad de Louzán y su esposa en la calle de As Teixugueiras, en el barrio vigués de Navia, a su compañero de partido y en la Diputación de Pontevedra.
Cuando Fiscalía decidió la presentación de una querella, el fiscal especializado en delitos económicos había avanzado que ésta incluiría la petición expresa al juez de que citase a declarar a Louzán y a Reguera como imputados, tal y como confirma ahora el instructor del caso.
Según ha informado el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), la querella de Fiscalía contra Rafael Louzán y su esposa, María Teresa C.F. es por cohecho continuado, mientras que en el caso de Severino Reguera Varela, quien también es empresario que cuenta con varios despachos de panadería y pastelería en distintas localidades de Pontevedra, es por cohecho impropio continuado.
Celeridad
El presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial ha emitido un comunicado en el cual pide al juzgado que actúe "con la máxima celeridad posible" para esclarecer un caso que circunscribe a su "estricto ámbito privado".
Al respecto, recuerda que la querella de la Fiscalía está originada en una denuncia anónima sobre la relación mercantil con Severino Reguera Varela y subraya que él es "el máximo interesado en que se aclare" esta cuestión.
En el marco de este caso se han acordado diferentes diligencias de prueba y la declaración como imputados de los querellados, pero por el momento no está señalado día para su declaración, según el TSXG.
Evolución del caso
Louzán había comparecido a mediados de marzo ante el fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, en relación a este caso. Tras su comparecencia había dicho públicamente que "en principio está todo en orden" y que se trata de "una contratación reglada que se hizo a través de una asesoría de Pontevedra", que fijó los precios a pagar por el alquiler a partir de un estudio de mercado.
El presidente de la Diputación de Pontevedra también había destacado que se trata de una cuestión que pertenece "al ámbito privado" y que "nada tiene que ver" con la institución que preside. Según la denuncia anónima remitida a la Fiscalía, el precio que se estaría pagando por el alquiler por los locales comerciales estaría por encima de lo que establece el mercado para lo habitual en el barrio de Navia.
De esta forma, el juez deberá dilucidar si se trata simplemente de un negocio privado o si pudiese haber algún tipo de dádiva detrás del pago de estos arrendamientos. En concreto, la querella contra Louzán y su esposa es por los delitos de cohecho continuado del artículo 422 del Código Penal y de cohecho impropio continuado del artículo 424 para el Reguera Varela.