Los responsables de las áreas públicas de CIG, CCOO y UGT, los tres sindicatos que han dado plantón este miércoles a la Xunta, han acusado al Gobierno gallego de elaborar el código ético en un "intento de confusión" sobre el origen de la corrupción y han considerado que se está "imponiendo" a los empleados públicos la misma carga de responsabilidad y corrupción" que a los gestores políticos.
Estas tres formaciones decidieron no acudir a la reunión convocada por la Xunta para tratar el documento aprobado, a la que sí ha ido CSI, con el fin de "tratar de convencer" a los responsables del Gobierno gallego para que modifiquen su propuesta. Este sindicato apuesta por hacer un código ético, pero solo para altos cargos y directivos, y pide que se eliminen las referencias a los empleados públicos en general, que interpretan como "una cortina de humo para diluir las responsabilidades" de quienes toman las decisiones.
Por su lado, en una rueda de prensa, CIG, CCOO y UGT han cargado contra la propuesta del Gobierno gallego, que consideran que trata de "desviar la atención de los múltiples casos de corrupción" en los que están "implicados numerosos cargos institucionales del PP en Galicia".
La coordinadora de CIG-Área Pública, Mari Carme López Santamariña, se ha referido al documento como "código patético" y ha considerado que se trata de "un lavado de cara por la multitud de escándalos" que afectan al PP. "No se puede permitir que los trabajadores estén a la misma altura que esta calaña de dirigentes que está instalando el PP", ha protestado.
Así, estas organizaciones han recordado que su trabajo y las medidas de control sobre el mismo están ya "de sobra regulados" y tienen un régimen disciplinario. "No necesitamos un código ético, somos profesionales de la administración y sabemos cuáles son nuestras maneras de hacer el trabajo", ha reivindicado Santamariña, que ha afirmado que a los que hay que poner "cortapisas" es a los miembros de "la parte política".
El código, ha incidido, "vuelve a machacar" a los trabajadores públicos, convertidos, a su juicio, en "moneda de cambio para todo lo que se quiere desprestigiar en la administración". Sin embargo, el documento "no habla de decencia ética y dimisión" en caso de políticos implicados en casos de corrupción.
Por su parte, el representante de UGT, José Vázquez, ha insistido en que debería haber un código ético para quienes desarrollan actividad política, pues son "los que chupan del bote". "Los empleados públicos estamos para defender la administración, no para coger de nadie 90, 50 ni 3 euros", ha manifestado.
Vázquez ha sostenido que "un funcionario de base no puede mangonear nada" y ha criticado que el formulario para declarar posibles obsequios recibidos "sobra" porque "si no se coge no hay nada que devolver".
Políticas privatizadoras
Los sindicatos han considerado que las políticas "privatizadoras" y de "desmantelamiento de los servicios públicos" son "el principal foco de corrupción", por lo que han pedido parar este tipo de medidas. La representante de CCOO, Luz López, ha criticado los recortes "dramáticos", con los que no se está dejando "en manos de los empleados" que la calidad de los servicios "dependa de su actuación".
Asimismo, estas tres organizaciones han criticado que el código ético "habla mucho" de los viajes y han interpretado que se debe "a la preocupación por las elecciones" y la campaña en el exterior. "Los trabajadores no hacemos ese trabajo, lo hacen los políticos", ha protestado Santamariña.
"Y sobre las cuentas en Suiza: no son los funcionarios los que tienen cuentas en Suiza", ha agregado Vázquez. Luz López ha apuntado, en tono irónico, que en cuentas en paraísos fiscales "deben de estar las extras de los trabajadores y los recortes".
La postura del CSIF
Por su parte, José Brunete, el representante del CSIF en la reunión convocada por la directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, ha explicado a Europa Press que reclaman "valentía" a Feijóo para que aplique el código solo a altos cargos y directivos e incluso para que haga una ley que incluya a todos los políticos.
Brunete ha incidido también en que los empleados públicos tienen su propio código y un régimen disciplinario. Además, ha explicado que la próxima semana presentarán sus alegaciones a la Xunta y ha justificado haber acudido a la reunión porque CSIF es "un sindicato dialogante" y se presta siempre a acudir a encuentros en los que se habla de los trabajadores públicos y a "defenderlos".