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El exalcalde socialista de Orense y la edil de Urbanismo, imputados por asistencias técnicas

CIG y USO denunciaron la contratación de profesionales para asistencias técnicas que luego trabajaban en oficinas municipales.

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El exregidor de Orense Francisco Rodríguez (PSdeG) y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, son los dos primeros políticos de la ciudad imputados por el juzgado de instrucción que investiga la denuncia presentada por los delegados sindicales de CIG y USO, y ampliada luego por el PP, en relación a la contratación desde 2009 de profesionales externos para asistencias técnicas que luego desarrollaban su trabajo en oficinas municipales.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), estas dos imputaciones son las que ya están notificadas y la fecha para declarar ha sido fijada para el día 21 de abril a las 9:30 horas.

Antes que estos dos imputados declararon ya cinco de los profesionales contratados por la vía de las asistencias técnicas, que fueron readmitidos como trabajadores laborales del Ayuntamiento tras sendas sentencias por despido improcedente.

En la denuncia presentada el 29 de octubre de 2013, según fuentes de los denunciantes consultadas por Europa Press, se aludía a la actuación "supuestamente ilegal" de la actual Corporación municipal, a la que acusaron de prevaricación y malversación de caudales públicos, si bien ese tipo de actuaciones comenzaron en 2009 en la Concejalía de Urbanismo, cuya titular ya era Áurea Soto.

Acumulación de imputaciones

La instrucción está en manos del titular del juzgado número 1 de Ourense y es la quinta causa en la que la edil de Urbanismo está imputada. Previamente, fue imputada en el juzgado de instrucción número 2 por las denuncias relativas a la licencia de la residencia universitaria, las obras de la calle Bedoya, la supuesta denegación de información sobre el Plan General de Ordenación Municipal a un particular y una causa sobre la plaza de San Antonio.

En una de estas causas, la relativa a las obras de la calle Bedoya, en la que fueron llamados a declarar como imputados los nueve integrantes de una junta de gobierno en 2008, tres empresarios y un técnico, está paralizado el calendario de declaraciones por la recusación presentada por Áurea Soto contra el juez Antonio Peña, que está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial.

En relación al exalcalde, Francisco Rodríguez también está imputado en la operación Pokémon que investiga la jueza de Lugo Pilar de Lara, y en el caso de los juzgados de Ourense, está también imputado por el de instrucción número 2, en relación a las obras de la calle Bedoya.

Según los denunciantes en este caso, tanto el exregidor como el actual alcalde levantaron reparos comunicados en informes técnicos para las contrataciones de las asistencias técnicas denunciadas, todos después de que el concejal José Antonio Rodríguez Panín dejase de tener las competencias en el área de Personal, en 2009, traspasadas entonces a la que era edil no electa Carmen Rodríguez -actualmente directora general de Recursos Humanos-.

En ese sentido, la denuncia sindical se dirigía como acusación contra el alcalde Agustín Fernández, la directora general Carmen Rodríguez y la edil Áurea Soto. Ninguno de los denunciantes está todavía personado en esta causa, pues el juzgado de instrucción número 1 les negó esa condición, y tanto CIG como USO y PP presentaron recursos de apelación que la Audiencia Provincial deberá resolver sobre sus personaciones.

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