La sentencia absolutoria de Dani Alves por presunta agresión sexual ha desatado una fuerte reacción por parte de la izquierda, especialmente desde el Gobierno. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha calificado la resolución como una "vergüenza" y ha arremetido contra el principio de presunción de inocencia. En su intervención durante el Congreso Provincial del PSOE de Jaén, Montero lamentó que aún se cuestione el testimonio de las víctimas y afirmó que la presunción de inocencia no puede estar por encima de la palabra de mujeres que denuncian a "poderosos, grandes y famosos".
"Es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos", dijo la titular de Hacienda.
Unas palabras por las que ha sido reprendida por todas las asociaciones de jueces y fiscales, que han exigido a la vicepresidenta del Ejecutivo que respete las sentencias judiciales y la presunción de inocencia para que exista un "equilibrio" entre el respaldo a las víctimas y los derechos de los acusados.
De hecho, según han recordado, la presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido tanto a nivel nacional como internacional. La Constitución Española, en su artículo 24.2, establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio justo con todas las garantías legales, lo que incluye la posibilidad de aportar pruebas en su defensa. Sin embargo, la postura de Montero parece ignorar este principio, apostando por una narrativa en la que el testimonio de la denunciante debe prevalecer sobre las garantías procesales del acusado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta previamente a Alves, dejando sin efecto la acusación de agresión sexual por falta de pruebas concluyentes. Pese a ello, Montero ha insistido en que la absolución del exfutbolista supone un retroceso en la lucha contra la violencia de género y ha reafirmado el apoyo del Gobierno a la denunciante.
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