1.- Ucrania fue el principal suministrador de grano a España, país deficitario en cereales, durante el primer año de la invasión rusa, que comenzó en febrero de 2022.
Por productos comprados por España, Ucrania lideró las importaciones de cebada, con 479.746 toneladas; ocupó el segundo lugar en los envíos de trigo desde ese país (un millón de toneladas), superado por Francia, y el segundo puesto también en la entrada de maíz (3,16 millones), superado por Brasil.
Dentro de las importaciones globales españolas de cereales, Brasil ocupa el segundo puesto (4,36 millones de toneladas o el 23,2 % del total); Francia el tercero (3,21 millones o el 17,12 % del total); Rumanía el cuarto (1,15 millones); Estados Unidos el quinto (642.670 toneladas) y Reino Unido el sexto (607.362).
2.- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplazará hasta septiembre de 2025 la aplicación obligatoria del cuaderno digital en todas las explotaciones agrarias españolas, según el proyecto de real decreto sobre la Política Agraria Común (PAC) sometido a consulta pública desde la pasada semana.
El proyecto normativo amplía los plazos de entrada en vigor de dicho cuaderno, una de las novedades de la PAC 2023-2027, a la vez que fomenta la utilización
voluntaria para los productores que ya esté preparados para usarlo; incluye también exenciones para pymes agrícolas.
El cuaderno de explotación digital supone cambiar del soporte en papel del cuaderno de explotación tradicional a un soporte digital que permita al agricultor sacar mejor provecho de la información que genera y, cuando es necesario, poder trasmitirla a las administraciones por métodos telemáticos.
En el proyecto de real decreto abierto a consulta pública se reconoce que la implantación de la herramienta digital ha coincidido con el primer año de la nueva PAC y ha supuesto un esfuerzo adicional para agricultores, ganaderos y entidades colaboradoras.
3.- La Comisión Europea flexibiliza el acceso a las ayudas a viticultores y organizaciones de productores de frutas y hortalizas afectados por la sequía.
Estas flexibilidades fueron solicitadas por España a la Comisión Europea el pasado mes de abril, tras constatarse la imposibilidad para viticultores y organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) de cumplir con algunos de los requisitos exigidos debido a la situación de sequía.
En el caso de las OPFH, los reglamentos permiten que éstas puedan recurrir a producciones de terceros para atender sus compromisos de suministro en un volumen superior al de su producción propia.
Los reglamentos eliminan también las restricciones en el uso de los fondos para las medidas de prevención y gestión de crisis, e incrementan hasta el 60% el nivel de financiación comunitario, que de manera ordinaria es del 50%.
4.- Unión de Uniones ha calificado de "incomprensible" la decisión del Ministerio de Agricultura de excluir al sector del olivar de las medidas de ayudas directas aprobadas como consecuencia de la sequía y la crisis bélica en Ucrania, y ha exigido una rectificación en su postura, así como la participación financiera en las ayudas de las Comunidades Autónomas.
"Es incomprensible e injusto que el Ministerio haya dejado fuera de estas ayudas a los olivareros, que con dos campañas de producción muy malas lo van a pasar francamente mal; tan mal, al menos, como otros sectores que sí se han incluido", han recalcado desde la organización en un comunicado.
Desde el sindicato han indicado que el sector ya está "enfrentando problemas de rentabilidad" que se van a ver agravados para la próxima cosecha en amplias zonas productivas y han apuntado a una previsión de oferta baja, con notables incrementos de precios al consumidor final, que afectarán "negativamente al consumo interno y a las exportaciones".
5.- El sector de la agricultura generó 1.002.867 contratos hasta julio del presente año, lo que supone un 26,9% menos a los de los siete primeros meses de 2022, y la segunda cifra más baja del periodo estudiado, solo superada por los 978.000 contratos de 2013, según cifras del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recogidas por Randstad.
"La reducción del número total de contratos no supone una destrucción de empleo, sino que es debida a la dinámica de contratación indefinida que ha introducido la nueva normativa", han señalado desde la compañía de recursos humanos.
En cuanto a la tipología de los contratos, de los firmados entre enero y julio de este año, el 52% corresponden a contratos indefinidos y el 48% a contratos de duración determinada, una cifra que contrarresta con datos del mismo periodo de 2022, cuando los contratos indefinidos suponían el 28%, mientras que los temporales acaparaban el 72%.
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