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Entrevista a José Luis Almazán

Juan Pablo Polvorinos entrevista a José Luis Almazán, vicepresidente de la plataforma de inversores portuarios.

Es Noticia

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

José Luis Almazán, vicepresidente de la plataforma de inversores portuarios, ha valorado en Es Noticia lo que está suponiendo para la economía española la guerra de los estibadores por mantener su monopolio y privilegios. Almazán ha explicado que “una consultora independiente ha cifrado el impacto económico que tendría la huelga en unos 50 millones de euros al día”.

Independientemente de la huelga, que por ahora han suspendido los dos primeros días convocados, ha denunciado que los estibadores “siguiendo las instrucciones de sus coordinadioras están haciendo ritmos lentos”, algo que está afectando a las empresas”. Almazán ha recordado que “casi el 70% de las exportaciones españolas se hacen a través de los puertos”. Sin embargo, en el caso de las importaciones la cifra sube hasta el 90%”.

Por tanto, una huelga de los estibadores “pararía la economía española” por lo que ha abogado con acabar “con este monopolio” ya que “no pueden tener la capacidad de paralizar un país y afectar a tantas empresas, no puede ser que 6.000 privilegiados tengan sometidos a 40 millones de españoles”. Además ha denunciado las técnicas de “coacción” de los estibadores como “quemar grúas y almacenes, destrozar mercancías o hacer los ritmos lentos mencionados que destrozan a las empresas”.

Unos ritmos lentos que están haciendo, ha explicado, que las navieras modifiquen sus rutas de descargas. “Las navieras tienen rutas con paradas en diferentes puntos del planeta y no pueden permitirse el no descargar mercancía en un determinado puerto”. Al derivar a otros puertos cercanos no españoles supone “un sobrecoste para las empresas españolas que exportan y sus productos son menos competitivos en el mercado”.

En caso de una huelga salvaje podría darse la situación extrema del desabastecimiento. Por ello ha apelado a la responsabilidad por el interés de toda España, tanto de los estibadores como de los grupos parlamentarios para aplicar la sentencia de la UE que declara ilegal el sistema que tenemos en España, una legislación, ha recordado, franquista que “otorga a este grupo unos privilegios enormes y la capacidad de parar los puertos”. Ellos “saben que tienen esa fuerza y la ejercen” aún a riesgo de “las 150.000 personas que trabajan en los puertos y que pueden perder sus puestos de trabajo” por “estos 6.000 privilegiados”.

Por último ha señalado que sólo existen dos alternativas: “ceder al chantaje o la que toca a un país democrático en pleno siglo XXI que es no tolerar que un grupo de privilegiados tengan la capacidad de parar la economía de un país”.