Luis Herrero ha entrevistado a Alfonso González Guija sobre dos de las conclusiones a las que han llegado los jueces decano tras su reunión, concretamente sobre: el desacuerdo con el sistema utilizado para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y con que se puedan aplicar indultos con las personas que han tenido cargos públicos y que puedan haber sido condenadas por motivo de corrupción.
González Guija ha explicado que "hay unanimidad" respecto a los dos temas y que lo que han dicho es que "la imagen de contaminación política, de pacto político entre las dos fuerzas políticas mayoritarias y la constante renovación y elección de los vocales del Consejo como consecuencia de estos pactos, está haciendo un daño enorme al Poder Judicial porque nos está contaminando".
El juez decano de Bilbao ha afirmado que "el argumento simple de las mayorías aritméticas no puede ser de peso" y ha dicho que cree que "hay que atender a otros argumentos". "Las recomendaciones del Consejo de Europa establecen que al menos la mitad de los miembros que integran los Consejos Generales del Poder Judicial u organismos semejantes en otros países, sean designados por los vocales judiciales", dijo.
En este sentido, Guija ha comentado que "el PP lo traía en su programa electoral y curiosamente ha hecho todo los contrario". "Las razones del Ministro Gallardón son verdades a medias y eso nos duele profundamente a los jueces que estamos pidiendo desde hace muchos años que exista por lo menos una cuota democrática en el máximo órgano de gobierno de los jueces, que es el garante de la independencia judicial", sentenció.
En relación a los indultos y a la recomendación de no aplicarlos a los políticos corruptos, el juez ha explicado que "tendría un carácter general" pero que "lo hemos anulado a este tipo de delitos porque no vivimos al margen de la sociedad y hemos considerado que es un escándalo lo que se está produciendo con el ejercicio del derecho de gracia". "Creemos que lo que está perjudicando seriamente al sistema judicial español es que la simple solicitud del indulto conlleve la suspensión del cumplimento de la pena", añadió.
Así, ha explicado que entienden que "una reforma por lo menos permitiría que el estado de derecho se desarrolle con sus consecuencias y si luego el Gobierno entiende que determinados condenados no deben de cumplir la pena será una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo de turno".
Respecto al asunto de Matas en el que por primera vez una persona condenada a 9 meses de prisión entra en la cárcel, ha comentado que "existe una norma de suspensión de la ejecución de la pena en el caso de delincuente primario condenado a una condena menor de 2 años". "Desconozco como se ha pronunciado la Audiencia de Palma de Mallorca pero es verdad que se apartaría de un preferente que generalmente se cumple a raja tabla", afirmó.
En relación a la desigualdad en la Justicia, ha afirmado que cree "que se deberían hacer cosas, en primer lugar establecer claramente hasta dónde llega la independencia judicial, que creo que necesita un replanteamiento en el carácter vinculante que debiera tener la jurisprudencia del Tribunal Supremo".
De este modo, ha afirmado que "tenemos un Tribunal Constitucional que viene a decir que ni siquiera la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos vincula". "El Tribunal Constitucional no forma parte del sistema judicial, no es administración de justicia sino una institución totalmente distinta, yo creo que ahí la independencia judicial se resiente porque el Tribunal Supremo no tiene su verdadera función de fuente vinculante del derecho", sentenció.
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