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El cardenal Richelieu de la política española

César Vidal editorializa sobre el nombramiento por parte de Rubalcaba de un hombre de su total confianza para llevar todos los casos de corrupción en los que estén vinculados altos funcionarios. El PP ha denunciado que Interior está estableciendo así un "Estado policial".

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Editorial de César: Hacia el Estado policial Es la Noche

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Cuenta la Historia que en 1622, el rey Luis XIII de Francia logró que el papa Gregorio XV nombrara cardenal a Armand-Jean du Plessis, duque de Richelieu. En dos años más, el entonces cardenal Richelieu se convirtió en el principal ministro del rey de Francia. En contra de lo que cabía esperar, el cardenal Richelieu no hizo discurrir su labor de gobierno sobre la moral cristiana o siquiera sobre unos principios éticos de carácter universal. Por el contrario, desde el principio se mostró partidario de gobernar de acuerdo con lo que denominaba la "razón de Estado".

Para el cardenal Richelieu, la moral no debía pesar sobre sus decisiones de gobernante sino los intereses de éste. Así, según el cardenal, es cierto que cada persona particular debe adoptar decisiones que pueden afectar a su alma inmortal y a su destino eterno. Sin embargo, "los gobiernos no tienen inmortalidad y por ello su salvación está en el ahora y debe decidirse aquí y ahora". Partiendo de tan peculiar visión, Richelieu no dudó en utilizar la corrupción, la mentira para desacreditar al adversario, la prisión para amedrentar a los enemigos e incluso el asesinato. A su juicio, la razón de Estado legitimaba todas y cada una de esas acciones.

En las últimas horas, hemos tenido noticias que afectan de manera directa la libertad de los ciudadanos españoles. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes:

1. Por decisión personal de Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del interior, un comisario de su total confianza controlará todas las investigaciones que afecten a cargos públicos y personas de relevancia.

2. Estas investigaciones podrán incluso ser clasificadas como secreto para evitar las interferencias de otros cuerpos policiales.

3. Para justificar esta acción que choca frontalmente con el texto constitucional, el Ministerio del Interior ha señalado en una instrucción que ha enviado a las jefaturas superiores que "Como bien se conoce, en el ámbito de la inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía hay determinadas investigaciones en las que pueden aparecer implicadas personas de alta relevancia, altos cargos públicos, funcionarios policiales investigados y colaboradores policiales, cuyo tratamiento requiere un enfoque especializado para salvaguardar la eficacia de la propia investigación".

4. El agente designado por Rubalcaba es el comisario general de Policía judicial, Juan Antonio González, conocido por su participación en una cacería con Bermejo y Garzón cuando se desencadenó el caso Gürtel en la cercanía de las elecciones vascas y gallegas.

5. En su día, Juan Antonio González fue responsabilizado por el PP de filtrar a El País informes que implicaban a aforados del citado partido.

6. El comisario insiste en que el objetivo de esta medida que conculca derechos fundamentales es facilitar "el curso del operativo policial". Por ello, si alguna jefatura investiga algún tema relacionado con cargos públicos y quiere avanzar declarando secreto de sumario al caso para evitar interferencias de otros cuerpos deberá pasar primero el filtro del comisario de confianza de Pérez Rubalcaba.

7. Por si este control de dudosa legalidad fuera poco, una vez dado el visto bueno a las pesquisas, éstas pasarán a ser tratadas "en las bases de datos de la Unidad Central de Inteligencia Criminal a efectos de facilitar la coordinación" ya que el comisario considera que "esa protección especial y preferente dispensada se desvanece cuando en la investigación aparecen otros cuerpos policiales".

8. Ayer, al tener noticia del paso dado por el Ministerio del Interior, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reclamó la comparecencia urgente del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados para que diera las razones de por qué todos los casos de presunta corrupción van a ser "enfocados, dirigidos y coordinados" por un comisario que es también "un mando político", y mano derecha de Rubalcaba.

9. Igualmente, el Grupo Popular también abordará al titular de Justicia, Francisco Caamaño, para que explique su intención de derivar a los fiscales la instrucción de los procesos judiciales que, hasta la fecha, estaban en manos de los magistrados.

10. Semejante paso es, a juicio del PP, una maniobra "improcedente" porque "la Fiscalía está sujeta a la jerarquía" así como "a los órganos políticos" mientras que "el juez es imparcial e independiente".

11. Igualmente ayer, María Dolores de Cospedal señalaba que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene interés en "filtrar sumarios a los medios de comunicación, de marcar los tiempos de las investigaciones y, en definitiva, manejar políticamente y desde las altas instituciones las investigaciones judiciales" que, recalcó, deberían de ser "independientes" y

12. Precisamente por ello, bajo la premisa suprema de que "la actuación de la Policía no puede ser utilizada políticamente", Cospedal ha denunciado un auténtico "Estado Policial" coordinado por el Ministerio del Interior, pues, argumentó, así se llama a la "utilización de la policía judicial y de las instituciones del Estado".

La llegada al poder del cardenal Richelieu inauguró un tipo de política fría y descarnada marcada por la ausencia total de moral y el más desalmado pragmatismo político. Desnudo de cualquier consideración ética, el célebre príncipe de la iglesia católica llegó a la conclusión de que la victoria política era mucho más importante que cualquier otro tipo de consideraciones. Así, alegando supuestas diferencias entre las obligaciones morales de un político y de un ciudadano particular, consideró lícito el utilizar todas las armas derivadas de su inmenso poder para llevar a cabo cualquiera de sus propósitos.

Esa visión inmoral en la que confluyen la mentira, la manipulación, el control de los medios de comunicación, la manipulación de los ciudadanos e incluso el derramamiento de sangre ha constituido también una marca de fábrica del PSOE al menos desde que en 1910 Pablo Iglesias amenazó en las Cortes españolas con llegar al atentado personal si Maura gobernaba. 

Desgraciadamente, esa visión política desprovista de moral dio frutos muy amargos en los años de Felipe González cuando se llegó a practicar el espionaje de las llamadas telefónicas e incluso a perpetrar asesinatos de Estado cometidos por los GAL a la sombra de gobiernos en los que se encontraba Rubalcaba. Ahora, la perspectiva siniestra de ese poder policial sometido sólo a lo que el déspota considera razón de Estado vuelve a cernirse sobre España. Aquellos casos – reales o imaginarios – que puedan ser susceptibles de utilizarse contra el adversario político o simplemente el ciudadano no dispuesto a la sumisión no pasarán por las manos de jueces independientes sino por la de policías fieles a Rubalcaba – alguno de ellos acusado expresamente de filtrar noticias a medios de comunicación cercanos al PSOE - que luego los remitirán a los fiscales sometidos al principio de jerarquía.

A partir de ahí aniquilar la vida personal y política de una persona – independientemente de que exista o no causa penal – será un juego de niños. Y eso no será lo peor. Lo realmente dramático es que la campaña emprendida por el PSOE contra los derechos ciudadanos habrá llegado a su culminación aniquilando los últimos retazos que de libertades puedan quedar en España. El mismo cardenal Richelieu en su más abyecta inmoralidad se habría sentido, sin duda, orgulloso de la última jugada de Rubalcaba.    

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