En Cataluña existen varias sentencias que obligan a la Generalidad a introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Sin embargo, el gobierno catalán se declara insumiso en esta materia y desoye las órdenes judiciales.
Aparte de la sentencia del Tribunal Constitucional, existen dos fallos del Tribunal Supremo obligando a la Generalidad a "adoptar cuantas medidas sean necesarias" para adaptar el sistema de enseñanza a la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, a introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
Es más, el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llegó a dar dos meses de plazo al Gobierno de Mas para facilitar la educación del castellano en los colegios. Sin embargo, la Generalidad presentó un recurso y el auto de ejecución, por el que se daba el ultimátum, se paralizó.
Es este miércoles cuando el TSJC decide. Pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que se rechace la ponencia y se nombre a otro ponente, lo que prolongaría aún más en el tiempo este proceso. También puede suceder que la decisión del tribunal concuerde con la del Supremo o que sea contraria a la sentencia del Alto Tribunal.
Para Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, esto último sería "muy grave". En declaraciones en Es la noche de César, de esRadio, Caja ha manifestado que el hecho de que los jueces "cedan" a las presiones de los políticos supondría el fin "de la democracia". "Sería muy grave que el TSJC enmendara la plana al Tribunal Supremo".