España no ha avanzado en el último año en la lucha contra la corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, publicado por Transparency International, que muestra que ha bajado de nuevo un punto con respecto a 2021 y tres con relación a 2020 y se sitúa en una puntuación de 60 sobre cien. El estudio refleja que el 95 por ciento de los países ha avanzado poco o nada desde 2017.
De esta manera, España ocupa la posición 35/180 del ranking global del IPC, junto con Botswana, Cabo Verde y San Vicente y las Granadinas. Si la comparación se realiza en relación a los países de la Unión Europea España se sitúa en el número 14 sobre 27, solo dos puntos por debajo de Portugal y Lituania (62/100) y sólo un punto por encima de Letonia (59/100).
Según el citado estudio, la diferencia de un punto de un año a otro no constituye un descenso estadísticamente significativo, pero consideran que una caída por segundo año consecutivo en los esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción son una "clara señal de riesgo y peligro de seguir descendiendo en el año siguiente".
Transparencia Internacional precisa que este hecho refleja que en España sigue latente un nivel de factores que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y elevan el riesgo de corrupción.
El informe señala que España se ha visto principalmente afectada por su descenso en los parámetros medidos en el Global Risks Report 2022 del Foro Económico Mundial (WEF-GRR), según el cual ha obtenido "una peor puntuación" en la dimensión referida a la categoría de "pagos irregulares en servicios públicos, exportaciones e importaciones y decisiones judiciales en casos de corrupción".
A esto, añaden otras causas como: el hecho de que España "sigue sin cumplir los estándares que marca el Consejo de Europa sobre los consejos generales de la judicatura", en referencia a la elección del Consejo General del Poder Judicial; sigue retrasada en la regulación adecuada de los grupos de interés, incompatibilidades y prevención de conflictos de interés del personal al servicio del sector público, así como un retraso notable en relación con la adopción de un nuevo marcoregulatorio de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
También denotan que aún no se ha aprobado la ley de protección de las personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción. A ello se añade, según afirman, el manteniendo del programa de los llamados "visados dorados" así como la falta aún de creación del Registro central de Titulares Reales.