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La ONG es parte de la acusación particular ‘caso Topillo’, que investiga a 80 empresas agrícolas, políticos y funcionarios por los vertidos al mar
Tras los movimientos de las administraciones regionales y estatales y las propuestas que han colocado sobre la mesa, Greenpeace considera positivo el encuentro que se ha mantenido entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que se pongan por fin a trabajar de forma conjunta y las administraciones avancen en las soluciones. Sin embargo, la ONG reprueba que ese acercamiento no se hiciera ya hace un lustro, cuando se dio el primer episodio de "sopa verde" de 2016, ya que tomando decisiones antes no se hubiera llegado a la situación actual, que se podía haber evitado.
Además, respecto a las soluciones Julio Barea, doctor en Hidrogeología y responsable de la campaña de agua de Greenpeace comenta: "Nos parece un error no seguir el dictamen del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, de la comunidad autónoma, y del Estudio de Impacto Ambiental Vertido Cero, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Las pautas científicas para salvar la laguna ya están sobre la mesa y pondrían freno al colapso y esperemos que las decisiones no vayan en la línea de salvaguardar los intereses del lobby del agua".