El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, realizó este martes "el más enérgico llamamiento" a los responsables de las administraciones del sector público para que colaboren con la institución, ya que, aunque ha mejorado en 2019 de un 72 al 82 por ciento, existe un siete por ciento de resoluciones sin un pronunciamiento de aceptación ni de rechazo que preocupa al defensor autonómico.

En la presentación del Informe de la institución de 2019 en el pleno de las Cortes, Quintana, que inicio su intervención con las condolencias a las víctimas de la pandemia y el deseo de volver a la normalidad en un año que estará en el "crespón negro de los anales de la historia", se detuvo en la colaboración con la institución y valoró que la decisión adoptada el año pasado de limitar el número de requerimientos es el motivo de esa mejoría.

No obstante, advirtió de que la falta de respuesta no solo es una falta de aprecio hacia el trabajo realizado por la Institución, sino también el incumplimiento de un deber legal; pero, añadió que, sobre todo, es una falta de consideración hacia el ciudadano que ha presentado la queja y que, con todo el derecho, espera una respuesta de la Administración a la resolución emitida por el Procurador del Común.

En el Informe figuran un total de 5.694 expedientes de quejas de los ciudadanos de la Comunidad y la apertura de 34 actuaciones de oficio del defensor autonómico. En 2019 reduce en 806 el número de quejas de los ciudadanos con respecto al ejercicio de 2018 cuando fueron 6.500 las presentadas.

Por provincias, de nuevo es León, donde se encuentra la sede de la institución, la que lideró el registro, con un total de 2.237 expediente ante el Común. En concreto, en el mismo periodo, en Ávila fueron 129 las presentadas; en Burgos, 381; en Palencia, 515; en Salamanca, 946; en Segovia, 91; en Soria, 65; en Valladolid, 669; en Zamora, 360. Además, se registra una presentada por cuatro provincias, 232 de otras provincias de fuera de la Comunidad y otras 68 de procedencia desconocida.

Respecto de las actuaciones de oficio, se dividen en ocho áreas temáticas: sanidad y consumo (siete); régimen jurídico, familia (seis); educación (cinco); medio ambiente e industria (cuatro); empleo y fomento (una), respectivamente.

Control sanitario de abastecimientos menores y colaboración de Diputaciones provinciales, regulación del uso de vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos), acceso a internet de banda ancha y telefonía móvil en el medio rural, impacto medioambiental de las macrogranjas porcinas o regulación de los centros para personas mayores son algunas de las actuaciones de oficio abiertas por el Común.