El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, invitó hoy a una "reflexión serena" a los sindicatos y colegios profesionales que interpusieron demandas contra la Junta de Castilla y León en reclamación de equipos de protección individual para el personal sanitario y socio sanitario y calificó de "poco elegante" esos procesos cuando los contagios estaban en la máxima explosión y a punto de desbordar los sistemas públicos de atención.
En su comparecencia a petición propia ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para explicar las actuaciones ejecutadas por su departamento en relación con el Covid-19, Ibáñez afirmó que, más allá de la "legalidad", los autores de las demandas se tienen que preguntar sí sirvió para "algo más" que "conseguir un titular de prensa", así como que la Junta tuviera que detraer recursos esenciales para aplicarlos en la contestación de las demandas, cuando se hacía "todo lo humanamente posible por proteger a sus profesionales".
Por esa forma, manifestó que "parece cuanto menos poco elegante" que alguien acuda a los tribunales, especialmente por los tiempos de tales reclamaciones, en un momento en el que se estaba produciendo la máxima explosión de contagios y a punto de desbordar los sistemas de atención públicos.
Ibáñez sostuvo que todas las personas con responsabilidades, empleados y autoridades estaban centrados en la atención a las personas, a las víctimas, en salvar vidas, sin que fuera "procedente malgastar fuerzas" en la cumplimentación de trámites judiciales y en la elaboración de informes que formalmente justificasen todos los esfuerzos que estaba desplegando la Junta de Castilla y León en su dotación.
"Por cumplir con los mandatos judiciales, hubo momentos donde había personas que dejaban de hacer compras para escribir informes justificando que estábamos haciendo esas compras", anotó ante la Comisión de la Presidencia en la que se refirió a esas 14 demandas de las que afirmó que han tenido una resolución diversa en los juzgados de la Comunidad.
En tal sentido, señalo la desestimación en los de León, Valladolid o Burgos y destacó que, finalmente, se ha unificado por las dos Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos y en Valladolid, en sendos autos de 9 y de 13 de abril respectivamente, que calificó de "indudable trascendencia".
Al respecto, valoró que, tras las alegaciones presentadas por los Servicios Jurídicos de la Junta, se desestiman la petición de medidas cautelares solicitadas por un sindicato en materia de derechos fundamentales respecto a la dotación de test de diagnóstico y de equipos de protección de toda clase en todos los centros de la Gerencia de Servicios Sociales, al considerar acreditado el esfuerzo económico para garantizar la protección de los profesionales.
Por último, expresó la lealtad de la Junta para que el Ministerio de Sanidad cumpla con la obligación impuesta por el Tribunal Supremo de informar cada 15 días de equipos y medios de protección a los profesionales sanitarios.