La Junta de Castilla y León considera que la orden del Gobierno central avala que puedan intervenir residencias privadas de ancianos, como ha ocurrido con la del Valle del Cuco en Burgos, en caso de que se detecten posibles irregularidades en su funcionamiento.

De esa manera, se refirió la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en su rueda de prensa telemática para informar de la evolución del Covid-19, a la situación legal en que se encuentra la residencia intervenida por la Junta después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) advirtiera de no puede validar un borrador y si se paraliza así cualquier tipo de posible intervención de más residencias hasta que esté lista la orden.

Precisamente, la Junta de Castilla y León, además de intervenir el citado geriátrico en el municipio burgalés de Hadraza de Haza, en el que se atiende a 48 ancianos, decidió dar cuenta a la Fiscalía de la situación de falta de personal y de medios.

En relación con la decisión de algunos gobiernos como los de Cantabria o Cataña de enviar a casa a ancianos de residencias, Casado manifestó que, en el caso de estar sanos y sin haber tenido contacto con afectados, se analizaría caso por caso y el soporte familiar, pero también con el recordatorio de que no podrían regresar hasta que se hubiera levantado el estado de alarma.

"Aquí hay una estrecha colaboración entre las consejerías de Familia y de Sanidad", respondió cuando se la preguntó por la posibilidad de que su departamento pudiera asumir esa competencia, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, si bien recordó en que esa autonomía ha sido por una decisión de su presidenta, Isabel Díaz-Ayuso.

Por último, indicó que se refuerzan las plantillas de las residencias, no solo en el caso de la soriana de los Royales, pero añadió que existen "dificultades" para encontrar a personal cualificado. En el caso de Beneficiencia de Valladolid explicó que no les consta que se haya abierto una investigación.