El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, subrayó hoy tras reunirse con el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, para analizar el contencioso que ambas instituciones mantienen sobre el Plan Parcial Villa de Prado la "conveniencia de un pacto" para cerrar un conflicto que se arrastra desde el verano del año 200, cuando Consistorio y Diputación firmaron un convenio para desarrollar el sector Villa de Prado.

"La Diputación hace reproches al Ayuntamiento por la aprobación de una liquidación favorable al mismo en 4,7 millones de euros. Una liquidación que ha llevado al contencioso, argumentando que es el Ayuntamiento quien debe a la Diputación 5,8 millones. El portavoz de la Diputación, Agapito Hernández, dice que no se puede llegar a un acuerdo que contradiga los informes de sus técnicos, porque sería actuar en perjuicio de la Corporación provincial, pero de la misma forma tampoco se podría llegar a un acuerdo en contra de los informes técnicos municipales. Pero en eso consisten los acuerdos, en pensar que se tiene razón, pero se cede y se busca la conformidad con la otra parte", explicó en un comunicado recogido por Ical.

El procedimiento judicial, a pesar de que está listo para que probablemente en septiembre se dicte sentencia, no se declara "concluso", con lo que permite la conciliación o "acuerdo que ponga fin a la controversia", recuerda.

Según explica, la propuesta que el Ayuntamiento ha presentado a la Diputación consistía en suscribir un acuerdo por el que ambas partes renunciasen a reclamar cantidad alguna a la otra administración, entendiendo que el mismo pacto supondría una ventaja para ambas administraciones, y el posible perjuicio de una redundaría en beneficio de la otra; ambas administraciones públicas. De manera que se trataría de una solución que no sería "manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico ni lesiva del interés público o de terceros", como exige la misma ley antes citada para admitir la desaparición pactada de la controversia.

Además, el concejal de Urbanismo estima que hay más argumentos favorables al Consistorio: "Hay que indicar que la propia Diputación, que en sus escritos al juzgado califica al Ayuntamiento con expresiones desdeñosas (habla de "dejadez municipal", dice que utiliza "argumentos engañosos"), está incumpliendo la obligación de vender sus suelos con el destino de viviendas protegidas, y no libres, como lo está haciendo; como se pone de manifiesto en el Escrito de Conclusiones presentado por el letrado del Ayuntamiento el pasado 2 de julio".