Los testimonios aportados ante el juez por la presidenta y vocales de la mesa electoral que asignó 28 votos al PSOE y 130 a Vox en una mesa ubicada en el colegio de Las Pastorinas de la capital leonesa el pasado domingo han sido esenciales en la resolución adoptada por la Junta Electoral de Zona que considera que los datos que se volcaron en la aplicación informática eran erróneos y corrigió hoy ese fallo en la correspondiente resolución a las reclamaciones presentadas por PSOE y Unión del Pueblo Leonés.

El juez magistrado Fernando Javier Muñiz Tejerina, presidente de la Junta Electoral de Zona, detalló este mediodía que la decisión de sus miembros fue unánime al reconocer "la existencia de un error material" y proceder a su subsanación, según lo prevé la Ley Electoral. Aunque recalcó que "no hay ningún caso exacto igual" sí señaló que se han dado "supuestos parecidos y casos similares" en ocasiones anteriores.

La resolución emitida hoy recoge que "la presidencia y las vocales no tienen ninguna duda sobre el resultado de la votación" y determina que "por error se invirtieron los votos de Vox y del PSOE y siendo también corroborada esta circunstancia por los representantes de la Administración". Así las cosas, añade el documento, la Junta Electoral "considera que se produjo un error en el escrutinio y por ello procede estimar las reclamaciones efectuadas por los representantes de PSOE y UPL corrigiendo el acta de escrutinio".

Procedimiento

Se puede interponer recurso al dictamen ante la Junta Electoral Central en un plazo de un día y debe ser presentado ante la Junta Electoral de Zona. La decisión al respecto se tomaría previsiblemente durante la próxima semana y la resolución de la Junta Central podría también ser recurrida, en este caso con un contencioso-electoral ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que podría decidir sobre la proclamación de los candidatos electos e incluso suspender la misma como medida cautelar.

De esta forma, la constitución de la nueva corporación de León podría retrasarse hasta julio, en lugar de tener lugar a mediados de junio y esta demora también interferiría en la puesta en marcha de la nueva corporación de la Diputación provincial. En último término, se podría presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Así las cosas y después de que Vox haya anunciado ya la presentación de recurso y el PP vaya a hacerlo, previsiblemente, habrá que esperar a la próxima semana para conocer la postura de la Junta Electoral Central y si los partidos afectados deciden iniciar una vía judicial o adoptan esa resolución.

Cabe recordar que en estos momentos el apoyo de los tres concejales de UPL, el de Podemos y los diez ediles del PP resultarían suficientes para conformar un gobierno municipal. Además, tras la salida de Vox de la corporación (pasa de los dos logrados inicialmente a cero, dado que ya perdió otro por un recurso del PSOE), Ciudadanos -con cuatro representantes- perdería la condición de llave para el Partido Popular, que consiguió nueve ediles.