Comisiones Obreras ha convocado un paro parcial autonómico para el próximo viernes, 10 de mayo, de 13 a 15 horas, al que están llamados los trabajadores correspondientes al personal funcionario y laboral de la administración general de la Junta de Castilla y León.
Así lo ha anunciado el coordinador del sector autonómico de FSC-CCOO, Ernesto Angulo, que apuntó como motivos fundamentales para esta huelga "los continuos incumplimientos de la Junta de acuerdos como la mejora de condiciones laborales", así como "la falta de empleados en los centros de trabajo de las zonas periféricas de León, que tienen que ser suplidos a través de personal de la capital que se desplaza".
Según explicó Angulo, la Junta también ha incumplido con el acuerdo de reducción de temporalidad 2017-2020, que la debería situar en un ocho por ciento, mientras que la tasa actual de trabajadores interinos se sitúa en un 23,8 por ciento.
Asimismo, el coordinador del sector autonómico señaló la "falta de convocatorias de ofertas de empleo público", ya que de la de 2016 hay 380 personas que la aprobaron esperando una plaza, mientras que 2017 solamente se convocaron el 49 por ciento de las plazas y la de 2018 "anunciada como la más grande", no se llegó a convocar, de igual forma que tampoco se ha iniciado la negociación de la de 2019.
Otros motivos señalados por Angulo para la convocatoria de este parón es la existencia de un 43 por ciento plazas que están vacantes, es decir, que no cuentan con un titular, que hace que "los servicios públicos se vean tontamente afectados", la pérdida y disminución del porcentaje de empleados con jubilación parcial, que en este momento se sitúa en el 18 por ciento, y la no recuperación de las 25 horas laborales semanales.
Para Angulo existen "motivos suficientes para hacer el parón", ya que "mientras que en todas las administraciones se han recuperado muchos de los derechos perdidos con la crisis, en la Junta de Castilla y León no".
Por su parte, el portavoz de la Junta ha asegurado respetar esta medida pero recordó que la Junta ha recuperado todos sus derechos laborales perdidos durante la crisis, salvo la aplicación de la jornada de 35 horas. En ese sentido, aseguró que la Ley de Presupuestos vinculaba la recuperación de esos derechos al cumplimiento del objetivo de déficit, la deuda pública y cumplir la regla de gasto. De momento, el Ministerio de Hacienda no ha comunicado a las comunidades autónomas el cumplimiento de la regla de gasto por lo que no es posible la recuperación de la jornada semanal.
José Antonio de Santiago Juárez precisó que la función pública ya recuperó la paga extraordinaria eliminada en 2010, además de haberse restablecido todos los días libres como los de libre disposición y los de antigüedad así como la recuperación del cobro del cien por cien de las bajas laborales. Además, valoró el paso dado por la Junta para recuperar las 35 horas en julio, agosto y septiembre. Una medida que este año se ampliará al mes de junio