Carlos García es desde hoy el nuevo presidente de la Diputación Provincial de Ávila al prosperar la moción de censura presentada por el Partido Popular contra Jesús Manuel Sánchez Cabrera por el resultado de 13 votos a favor, uno en contra y once abstenciones. García, que era el vicepresidente primero de la institución provincial, es el presidente provincial del PP de Ávila y alcalde de la localidad de Tiñosillos.

La moción de censura contó con el apoyo de 12 de los 13 diputados provinciales del Partido Popular en la Diputación abulense, por lo que el PP necesitó del voto favorable de Carlos Moral, diputado provincial de UPyD, que se alineó con los favorables a la moción, postura de la que se separó Ángel Jiménez, diputado del PP, que votó en contra. Jesús Manuel Sánchez Cabrera, por su parte, se abstuvo en la votación.

La moción de censura aprobada este miércoles estuvo provocada por la decisión de Sánchez Cabrera, que fue elegido en 2015 presidente de la Diputación por el Partido Popular, de abandonar el PP y pasarse al grupo no adscrito de la Diputación, al tiempo que anunciaba su candidatura a la Alcaldía de Ávila con el partido 'Por Ávila'.

Tres años y nueve meses, o lo que es lo mismo, 1.371 días, es que lo ha durado la rebelión interna en el Partido Popular que dio la Presidencia de la Diputación Provincial a Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Parte de los mismos diputados que el 25 de junio de 2015 dieron la confianza al candidato no oficial del PP, menos de cuatro años después se la retiraron para colocar en el sillón presidencial de la institución provincial a Carlos García, vicepresidente primero y que dentro de ese periodo de tiempo logró llegar a la presidencia provincial del Partido Popular.

Los votos a favor de 12 de los 13 diputados del grupo popular en la Diputación, sumado al apoyo de Carlos Moral, representante de UPyD, hicieron buena la moción presentada el pasado 13 de marzo y debatida ayer en un Pleno de poco más de una hora que terminó con una votación de 13 síes, un no y once abstenciones a favor de la moción, defendida por los proponentes como "una obligación desde la ética política", argumento en el que coincidieron PP y UPyD.