El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, denunció hoy que trocear en pequeñas inversiones la obra pública, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, "satura" y "bloquea" a las empresas y también las administraciones. En su opinión, "en absoluto es una forma eficiente" de trabajar, por lo que pedirán a los órganos de contratación que corrijan estos procedimientos.

Pascual compareció este viernes en Valladolid para presentar el balance de la obra oficial en el primer semestre, que refleja una licitación de 508 millones de euros en 975 proyectos, un 101 por ciento más que en el mismo periodo de 2017, cuando se quedó en 253. Aseguró que se trata de un "importante avance", pero advirtió de que se trata de cifras "muy pequeñas", propias de hace 25 años.

En ese sentido, el representante de los contratistas sostuvo que se está produciendo una situación "anómala" por la entrada en vigor de esta norma el pasado 9 de marzo, puesto que en los dos primeros meses del año se licitaron 544 proyectos por 475 millones, lo que supone un importe medio de 873.161 euros, mientras que en los restantes vieron la luz 431 por 33 millones, es decir, de media las obras tuvieron un presupuesto de 76.566 euros.

Aseguró que en la Cámara están "bastante preocupados" puesto que argumentó que para mover 33 millones hicieron falta poner en marcha 431 concursos, unos procedimientos que recalcó son "complejísimos", puesto que recalcó requiere elaborar los proyectos, seleccionar una dirección facultativa, analizar los pliegos con la asesoría jurídica, "montar" las mesas de contratación, anunciar los pliegos, adjudicar los trabajos y gestionar las actuaciones.

En su opinión la situación generada se debe a una falta de "preparación" y "rodaje" de la administración para gestionar los nuevos procedimientos de contratación, que recordó se ponen en marcha con dos años de retraso en España. Como ejemplo, señaló que algunas plataformas para la gestión electrónica no están funcionando bien. De la misma forma, echó en falta un reglamento que resuelva las dudas diarias por la aplicación de esta normativa, que explicó prevé un procedimiento abreviado, pero que todavía no se ha desarrollado. Por ello, indicó que no ha tenido impacto en la reducción de los plazos de contratación.

Bajas cifras

Asimismo, Enrique Pascual aseguró que está "injustificado" que la obra oficial licitada no se haya recuperado a pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) ha superado el volumen de 2017. Por ello, recalcó que está lejos de alcanzar lo que en su opinión necesita Castilla y León en el siglo XXI. Además, advirtió de que ya se ve el deterioro de las carreteras por la falta de inversión en mantenimiento.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Contratistas recalcó que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no tiene el "conocimiento" necesario para dirigir este departamento y reclamó que esté al frente una persona con un perfil más técnico, al igual que en sanidad o educación. "Esto no es de recibo", dijo y criticó que solo ha cumplido en un 72 por ciento la previsión de inversión del Bloque de Actuaciones Prioritarias, que con un presupuesto de 525 millones anunció en 2016.

Pascual indicó que al cierre del primer semestre ha licitado 237 millones, cuando a estas alturas debería haber sacado a concurso 328 millones. "No hacen su trabajo", dijo y añadió que son "unos irresponsables" puesto que cada año su gestión provoca un "déficit" de 60.000 o 70.000 euros por el deterioro de la red autonómica de carreteras. Por ello, abogó por realizar una "auditoría" sobre lo que hereda un consejero de Fomento y lo que deja a su predecesor.

"Este señor no tiene los conocimientos necesarios para ser consejero de Fomento", afirmó y añadió que si el "director de la orquesta no sabe de música, la orquesta desafina". También apuntó que el control del déficit público no puede ser una "excusa", puesto que el presupuesto de la Comunidad supera los 10.500 millones, frente a los 10.200 de hace una década, y la inversión ha pasado de 1.500 a 570 millones, una "birria".

Igualmente, Enrique Pascual consideró que en 2019, un año marcado por las elecciones autonómicas y municipales, no se verá un aumento de la inversión en obra pública por la incertidumbre política y porque los políticos se dedican ya a la elaboración de candidaturas más que a gestionar el "día a día". "Están a otra cosa", dijo y apostilló: "No preveo un cambio de tendencia".

Administraciones

De los 508 millones licitados, 212 correspondieron a la Administración General del Estado, lo que supuso el 42 por ciento; 214 a la Junta, un 42 por ciento también, y 82, un 16 por ciento, a las entidades locales. Además, la inversión licitada por el Estado creció un 277 por ciento y la del Ejecutivo autonómico, un 97 por ciento. Por el contrario, la administración local la redujo un siete por ciento.

De la misma forma, la adjudicación del primer semestre se situó en 321,9 millones, de los que 106 correspondieron al Estado; 164,4, a la Junta, y 51,5 millones a las entidades locales. Por ello, el grado de cumplimiento de las previsiones de las administraciones se sitúa en el 22,8 por ciento. Para todo el ejercicio, la Cámara estima que la licitación alcanzará como máximo los 929 millones y la adjudicación, los 630, por lo que se ejecutará un 45 por ciento de lo previsto.

Con todo ello, la Cámara de Contratistas señala que el empleo se mantiene estabilizado en los 65.000 ocupados, una cifra que crece "levemente", al igual que la actividad, de forma que se prevé una recuperación "lenta", pero "sostenida" del sector de la construcción, salvo si ocurre algún imprevisto en la economía española. Además, las empresas asociadas a esta entidad trabajan para implantar antes del fin de 2019 planes de igualdad, con el objetivo de elevar la presencia de mujeres para poder aprovechar el "talento" del colectivo femenino.