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Castilla y León vota en contra del aumento del déficit y reclama los 142 millones de la liquidación del IVA de 2017

Del Olmo recalca que aumenta la deuda y los intereses y confía en la voluntad de la ministra de revisar las entregas a cuenta

esRadio / Ical
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Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León | Agencia ICAL

La Junta de Castilla y León ha mantenido el voto en contra de la propuesta del Gobierno de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas en el periodo 2019-2021 y ha exigido la revisión de las entregas a cuentas comunicadas en julio con la incorporación de los 142 millones correspondientes a la liquidación del IVA de 2017.

"La propuesta es la misma que la del 19 de julio, nada ha variado y Castilla y León no ha variado su voto en contra", explicó la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, en formato telemático, acordó los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública con el respaldo de Gobierno y todas las comunidades socialistas -Valencia cambió la abstención por el "sí"- y el rechazo de las gobernadas por el PP.

En su comparecencia, Del Olmo expresó de nuevo que es necesario mejorar la financiación de las autonomías, pero no a través de ampliar el margen de déficit del 0,1 al 0,3 por ciento para 2019 porque, a su juicio, sólo generaría más deuda que derivaría en más intereses que mermarían otras partidas de gasto.

La consejera afirmó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha respondido a la carta en la que se quejó de la reducción de las entregas a cuenta comunicadas a finales de julio –base de la elaboración de los presupuestos- y, en concreto, de la liquidación del IVA de 2017, en la que se dejarían de abonar 142 millones de euros al no contabilizarse el mes de diciembre de ese ejercicio, dado que se ingresó el 10 de enero de 2018.

En tal sentido, recalcó que la ley de financiación a las comunidades autónomas señala que se debe transferir a las autonomías el 50 por ciento de la recaudación de los doce meses y censuró que el Gobierno "se quede" con 2.800 millones -142 a Castilla y León- que "son de las comunidades". Así, subrayó que tanto por carta como hoy en el CPFF ha insistido a la ministra en que se revise y corrija las entregas a cuentas correspondientes a la liquidación del modelo de 2017.

No obstante, Del Olmo afirmó que confía en la voluntad de la ministra, que también fue consejera de Hacienda de Andalucía, dado que "se ha comprometido a mirar lo del IVA con la mejor voluntad". "Hay que pasar de las musas al teatro y corregir las entregas a cuenta por el IVA", reclamó, si bien apostilló que no se siente "ninguneada" por Montero aunque no haya dado respuesta a su carta de queja.

La economía crece

Otro de los argumentos de la Junta para mantener el voto en contra, como explicó la consejera, es que mientras el Techo de Gasto para los presupuestos de 2019 crece un 4,4 por ciento, pese a que la regla de gasto cifra no excederse del 2,7 por ciento, y la economía de España y de la Comunidad crece y hay más recaudación Castilla y León recibe menos ingresos por la vía ordinaria, ya que no llegan ni al uno por ciento de lo que se incrementa el PIB.

Del Olmo recalcó que la flexibilización en dos décimas del déficit –pasaría del 0,1 por ciento para 2019 acordado por el anterior Gobierno al 0,3- no es la solución a unos recursos insuficientes para la prestación de los servicios básicos por parte de las comunidades y urgió, de nuevo, la necesidad de que se aceleren los trabajos que permitan "de una vez" contar con otro modelo de financiación.

"Se ha observado que el modelo es muy malo para Castilla y León, es nefasto, porque mientras la economía crece la Comunidad no aumenta sus ingresos", argumentó la consejera, que recordó cómo se prima a la población en el reparto a las autonomías y la caída de ésta motiva que la Región no se vea beneficiada, al contabilizar de manera reducida la dispersión, extensión o envejecimiento.

Por todo ello, insistió en que contar con la posibilidad de más déficit frente a recibir los ingresos ordinarios a través del sistema de financiación supone más deuda pública, cuyo incrementó recordó que ha sido criticado por los grupos de la oposición de las Cortes, y pagar más intereses que, aunque en este momento estén baratos, se quita a necesidades de gasto.

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