El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la delegada del Gobierno de España en la región, Virginia Barcones, consideraron positivo el "año benigno, en cuanto a la meteorología, para la lucha contra los incendios forestales", aunque hicieron un llamamiento a "no bajar la guardia".

Suárez-Quiñones afirmó que "las reservas hídricas, tanto de la humedad relativa del aire como del terreno, así como la vegetación, están haciendo que resista a los incendios y que haya muchos menos que el fatídico año pasado, cuando las condiciones meteorológicas adversas dieron lugar a muchos y grandes incendios forestales".

No obstante, el consejero reiteró que no se puede "bajar la guardia" y que, por ello, "todo el operativo está en su cien por cien desde finales de junio y hasta septiembre", si bien se mantiene en unos niveles "adecuados a las condiciones, circunstancias y necesidades de cada momento" el resto del año.

En ese sentido, Suárez-Quiñones presentó los datos dependientes de la Junta del operativo de este año como "administración competente" para su prevención y extinción "con la colaboración de otras administraciones como la Administración General del Estado". Así, Castilla y León cuenta con 21 medios aéreos, así como 4.369 personas que participan en el operativo junto a 305 autobombas y vehículos pick-up, 202 cuadrillas terrestres y helitransportadas, 28 retenes de maquinaria y 210 puestos y cámaras de vigilancia.

Un operativo, en su vertiente autonómica, al que este año se unieron 240 nuevos efectivos que "incrementaron" las personas participantes, si bien "cuando hablamos de recursos públicos, siempre son limitados y los medios nunca son suficientes". No obstante, Suárez-Quiñones aseguró que "la voluntad de mejora e incremento del presupuesto es constante".

También insistió Suárez-Quiñones en que, aunque el operativo es regional y sus medios se encuentran "situados estratégicamente de acuerdo con la población, los riesgos y las masas arbóreas de la Comunidad", se cuenta con la colaboración de los medios del Estado, que en la Comunidad despliega dos de sus 18 aviones anfibios en la base aérea de Matacán, y otros dos de sus 10 aviones de carga en tierra en Rosinos (Zamora).

Además, el Estado cuenta con tres helicópteros de los 19 de transporte en Tabuyo del Monte, Lubia y Puerto del Pico, un avión de coordinación que se encuentra entre la base de Matacán y León a lo largo del año, una de las siete unidades móviles que, desde Rabanal del Camino, sirve de base a uno de los cuatro vehículos aéreos no tripulados, y tres de las diez brigadas de refuerzo.

Estos medios aéreos, disponibles del Estado en la Comunidad durante la fase del operativo de prevención y extinción de incendios, colaboran en que "un 60 por ciento de los incendios declarados en la Comunidad queden en conato", explicó Suárez-Quiñones, gracias a la "rápida intervención del operativo" que, no obstante, y en ocasiones como el pasado año, necesitó de la ayuda de otros medios del Gobierno para "acometer una eventualidad como 4 incendios de nivel 2", lo que provocó que hubiera "más de 40 medios aéreos de extinción de incendios sobrevolando Castilla y León".

Provocados

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, coincidió con Suárez-Quiñones en que "este año la meteorología nos acompaña, pero en la labor de extinción de incendios no nos podemos fiar de las circunstancias". También hizo hincapié en la importancia de "hacer pedagogía, porque el 95 por ciento de los incendios son provocados por la acción humana". Por ello, destacó la campaña del Gobierno 'Para no ser responsable, sé responsable', con el fin de que "la ciudadanía entienda que por acción, omisión, negligencia o provocación, el 95 por ciento de los incendios son responsabilidad de nuestras acciones".

A este respecto también hizo referencia el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien aseguró que el "terrorismo incendiario se combate con concienciación", en el sentido de que "la conservación del patrimonio natural es un deber de todos y eso significa que tenemos que ser responsables en las conductas que realizamos para evitar el origen de los incendios y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la denuncia de comportamientos dolosos o imprudentes de terceros".

Y es que, según Suárez-Quiñones, "no solo se ataca el patrimonio natural, sino la vida e integridad física de las personas". Al respecto, manifestó que para los irresponsables en sus comportamientos, se ataca "con el Código Penal en la mano, que establece graves penas para conductas graves que pueden llegar a los 30 años de prisión", por lo que "quien quiera cometer ese daño, tiene que pensárselo dos veces".