La Junta de Castilla y León prevé la firma de convenios con el Centro Documental de la Memoria, con sede en Salamanca, con la finalidad principal de elaborar un censo de víctimas de la Dictadura Franquista en la Comunidad, como han pedido las asociaciones a la Consejería de la Presidencia, con las que se colaborará en la búsqueda y exhumación de sus familiares.

"Un país democrático no puede permitir no haber cerrado este capítulo de la historia, ni tener muertos en las cunetas, seguro que algo hemos hecho mal", reflexionó el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al explicar el contenido del decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León aprobado por el Consejo de Gobierno.

El vicepresidente manifestó que ya han mantenido contactos con el director del Centro Documental de la Memoria y confió en un encuentro para "ver la colaboración" antes de que termine este mes de abril.

Junto al decreto, con el que "se da un paso importante" para normalizar este episodio histórico, De Santiago-Juárez informó también de que el Bocyl publicará, previsiblemente, en este mes una convocatoria de ayudas de 100.000 euros destinada a las asociaciones de la Memoria Histórica para colaborar con ellas en la búsqueda y exhumación de sus familiares, una de las demandas realizadas a la Junta.

Entre las novedades recogidas en la fase de tramitación, el vicepresidente destacó que en los antecedentes del decreto se incluye el apellido de "franquista" -sólo figuraba dictadura, como piden las asociaciones- y se establece la asignatura de ‘Educar en la Verdad’ en el curriculum de ESO y Bachillerato, si bien hasta su implantación la Consejería de Educación elaborará unidades didácticas que pondrá a disposición de la comunidad educativa.

Después de subrayar que el decreto tiene el respaldo de las organizaciones sindicales y del "99 por ciento" de las asociaciones, explicó que se mantiene el Consejo Técnico de la Memoria Histórica, como el órgano encargado de autorizar las actuaciones y comprobar que el proyecto concuerde con la norma estatal, en una decisión vinculante para los ayuntamientos. Estará formado por un representante de la Consejería competente, tres técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta, dos representantes de la Asociación de la Memoria Histórica y otros dos de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

También habrá un Consejo Asesor del que formarán parte el titular de la Consejería competente, una persona de reconocido prestigio que será el presidente de este órgano, así como un representante de Patrimonio Cultural, uno de la Memoria Histórica, dos FRMP, dos de las Cortes, cuatro expertos de las universidades, cinco de las asociaciones y uno por cada sindicato más representativo.

Además, se trabajará en coordinación con el Ministerio de Justicia en la elaboración y actualización del mapa de fosas comunes y se apoyarán los actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas. En el decreto se recoge que se realizarán estudios para analizar la posibilidad de crear un Banco de ADN, aunque De Santiago-Juárez se refirió a su dificultad. Por otro lado, la competencia de la memoria histórica se atribuye expresamente a la Consejería de la Presidencia.