Los cinco ex miembros del Consejo de Administración de Caja España que este martes estaban llamados a declarar en el caso que sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de León por un posible delito societario prestaron testimonio y coincidieron en argumentar que actuaron dentro de la legalidad y de la propia normativa de la entidad al aprobar la refinanciación de préstamos a las empresas del entonces presidente, Santos Llamas.

No hacerlo, explicaron, hubiese implicado llevar a la Caja a una situación concursal, dado que eran varios los casos de empresarios en la misma situación con cantidades muy importantes pendientes de pago.

La declaración más larga fue la del catedrático de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid, Zenón Jiménez-Ridruejo, quien respondió a todas las partes y justificó detalladamente sus consideraciones. "Si no aprobábamos las renovaciones de todos los grupos inmobiliarios, y para mí, el de Santos Llamas era uno más, la alternativa era que Caja España en 2009 hubiera podido tener pérdidas y podía haber entrado en concurso de acreedores; y eso es radicalmente mucho más dramático y mucho más costoso en términos económicos y sociales que la posibilidad de que a lo largo del tiempo hubiera habido alguna consecuencia de riesgo en alguna operación del grupo Santos Llamas", explicó.

La Fiscalía sostiene que la refinanciación de préstamos a Llamas entre 2009 y 2012 generó un perjuicio económico de casi 60 millones, mientras los investigados reiteran que la opción alternativa hubiese sido peor. "Con una crisis terrible en lo financiero y en lo económico, sostener la Caja, mantener los puestos de trabajo -se salvaguardaron 2.000-, garantizar la estabilidad del sistema financiero de Castilla y León, que las empresas del sector siguieran con su actividad normal, pudo más y fue mucho más importante a la hora de tomar la decisión. Y la tomamos con fundamento, con estudio, con serenidad, con rigor y sin contar para nada quién era el presidente", sostuvo.