Los profesores de la Comunidad notificaron a los Servicios Sociales de la Junta 281 sospechas de maltrato infantil en los últimos cinco años, de los que 115 casos acabaron en expedientes de protección tras las correspondientes investigaciones y evaluaciones. Con el ánimo de que los docentes puedan detectar todos los casos de posibles negligencias y maltratos en el ámbito familiar así como contar con la formación y las herramientas adecuadas para abordarlos "correctamente", las consejerías de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades presentaron hoy un protocolo de actuación para reforzar la coordinación y la comunicación entre los profesionales de ambas áreas.
El protocolo incluye mejorar la concienciación y la formación del profesorado de los centros educativos de Castilla y León para la detección precoz de estas situaciones pero también busca "clarificar" el proceso de intervención a seguir desde la sospecha del maltrato hasta su notificación. En los casos de sospecha de maltrato leve o moderado por parte de un docente, los equipos directivos y psicopedagogos del centro deberán comunicarlo a los Centros de Acción Social (Ceas) mientras que en ejemplos más graves se irá directamente a las secciones de Protección a la Infancia de la Junta.
La consejera de Familia, Alicia García, aseguró que la protección de la infancia es una "prioridad" para la Junta, por lo que es "fundamental" actuar en la prevención, detección precoz y la intervención ante posible casos de maltrato. De ahí la necesidad de revisar y mejorar los programas. No en vano, los centros ya trabajaban en la detección de los casos de maltrato pero ahora se ponen sobre el papel los pasos a dar por los colegios e institutos.
Además, apuntó que este protocolo cierra el círculo respecto a los mecanismos de detección y coordinación dirigidos a los principales profesionales que puedan detectar casos de maltrato infantil. Ya existen protocolos de actuación en el ámbito sanitario (Atención Primaria y Especializada) para facilitar y agilizar la detección y, en su caso, derivar los casos a los Servicios Sociales. Lo mismo ocurre con las entidades locales, con un nuevo procedimiento cuando exista un riesgo grave sin colaboración de la familia. Por último, recordó que cualquier persona que tenga conocimiento de un posible maltrato infantil debe ponerlo en conocimiento de las autoridades.