El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la ampliación de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos para el año 2017, que se había aprobado en septiembre y en la que a las 3.012 plazas iniciales se sumaron otras 3.409 en materia de sanidad, lo que convierte a esta Oferta Pública de Empleo en la mayor de los últimos 20 años.
La tasa de reposición que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 es del 100 por 100 en sanidad, lo que permite que se oferten tantas plazas como bajas se hayan producido a lo largo del año, bien sea por jubilación o por otros motivos como el traslado a otras administraciones públicas o excedencias.
Asimismo, la Junta suscribió un acuerdo con los sindicatos que recogía el compromiso de convocar el máximo de plazas que le permitiera la normativa básica estatal. Por ello, se agota la tasa de reposición con 3.409 plazas: 3.192 de turno libre y 217 por el sistema de promoción interna. Las primeras se destinan al personal estatutario puesto que se convocan 1.754 para enfermería; 48, para fisioterapia; 1.069, para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 321, para auxiliares administrativos.
En lo que a la promoción interna se refiere, se convocan 217 plazas, de las cuales 40 son para licenciados en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, otras 40 para enfermería, siete para enfermeros especializados en enfermería del trabajo, 14 para enfermeros especializados en pediatría, 16 plazas para enfermeros especializados en salud mental, 40 para administrativos y 60 plazas para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.
El pasado mes de septiembre, la Junta hizo pública una primera parte de la oferta pública de empleo para 2017. Con este nuevo acuerdo alcanza las de 6.421 plazas, de ellas 3.409 corresponden a Sanidad, 1.633 están dirigidas al sector de la educación -1.533 para docentes y el resto para personal no docente en centros- 918 para servicios sociales y atención a la dependencia y el resto para otros sectores. Es decir, el 92 por ciento de la oferta se destina a servicios esenciales.