Los grupos parlamentarios Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida-Equo coincidieron en las dificultades existentes para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, en otras causas, por la situación política del país, tras el desafío secesionista en Cataluña. Además, el Partido Popular advirtió de que "las prisas no son buenas consejeras" y apostó por "trabajar con pasos firmes".

Representantes de las cuatro fuerzas políticas, con presencia en las Cortes, expresaron, al término de la Junta de Portavoces, sus dudas sobre la posibilidad de que se cumpla el compromiso adquirido en la última Conferencia de Presidentes de tener un primer acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación antes de que acabe este año. Este jueves se celebra la reunión constitutiva de la comisión político-técnica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a petición del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En ese sentido, el ‘popular’ Salvador Cruz apostó por trabajar desde el "rigor" y confió en que se logre un acuerdo lo antes posible, si bien señaló que el debate sobre el nuevo sistema lleva ya algunos años de retraso, puesto que el actual modelo de 2009, tenía que haber sido revisado en 2014. Por ello, aseguró que lo más importante es que se produzca un buen pacto que permita mejorar el volumen de recursos que reciben las comunidades del régimen común, entre ellas, Castilla y León y también Cataluña.

Al respecto, Cruz defendió la posición "fuerte" de Castilla y León para lograr que las cuestiones que recoge el informe de la comisión de expertos se tengan en cuenta, como las demandas acordadas en la Comunidad. El parlamentario destacó el trabajo realizado por este grupo, en el que el leonés Jaime Rabanal representó a Castilla y León, y destacó que la Junta tratará de buscar apoyos entre otras autonomías con los mismos problemas -dispersión y envejecimiento- y pondrá sobre la mesa la posición común pactada.

También, el dirigente ‘popular’ reconoció que la mejora económica ha elevado los recursos que recibe Castilla y León a través de las entregas a cuenta, si bien apuntó que no cubre en unos 130 millones el presupuesto de las consejerías sociales, una diferencia que recordó llegó a alcanzar los 500 millones.