El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha acordado la tramitación de las diligencias previas contra el excalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva por los delitos de prevaricación y falsedad documental, y contra el actual concejal del Grupo Municipal del PP, Alfredo Blanco, y del exconcejal de Infraestructuras Manuel Sánchez por los delitos de prevaricación, en torno al caso de las 'Comfort letter'.
Conforme al auto, queda acreditado que De la Riva, como alcalde, firmó tres cartas de conformidad en el marco de la operación de soterramiento del ferrocarril a su paso por Valladolid, sin tramitar ningún procedimiento, ni obtener ningún informe ni autorización y que lo hizo sabiendo la ilegalidad de su actuación. En concreto, la primera, el 28 de julio de 2008, avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.; la segunda, el 24 de septiembre de 2010, avalaba otro préstamo a la Sociedad de 70 millones de euros, y la tercera, el 14 de febrero de 201, avaló un crédito de 400 millones de euros SVAV.
El auto recoge que se firmaron las cartas de conformidad "sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto para la aprobación del acto administrativo que constituía la firma del citado documento, y ello a sabiendas de que efectivamente no se estaba siguiendo el oportuno trámite. Se firmó sin la previa autorización o conocimiento del pleno del Ayuntamiento (órgano competente para ello), sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León".
Respecto de la tercera carta de conformidad, la firmada en 2011, añade que se hizo "sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera para concertar lo que venía a ser un aval por importe de 100 millones de euros, dado su nivel de endeudamiento".
El auto añade que "el referido documento contenía extremos no reales, falta verdad en la narración de los hechos y supone la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción de unos acuerdos y autorizaciones que no se había producido, causando además un resultado materialmente injusto. Así afirmaba en el punto 4º que el Ayuntamiento de Valladolid declaraba en este acto que cualesquiera actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del represente documento…han sido debidamente realizados y adoptados y que no existen circunstancias ni se ha interpuesto reclamación alguna que pudiera resultar en la invalidez, no ejecución o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los accionistas en éste y en todos los documentos referidos y que las personas firmantes de este documentos, en nombre y representación de la mismas poseían facultados de suficientes al efecto. Finalmente señalada al pie de la firma de Francisco Javier León de la Riva en su condición de alcalde, que se rubricaba en ejecución de los acuerdo internos suficientes adoptados a este respeto".
La magistrada instructora afirma que Alfredo Blanco y Manuel Sánchez también tenían conocimiento de las garantías que las entidades bancarias exigían para la financiación de la Sociedad; de la suscripción por el entonces alcalde Francisco Javier León de la Riva de las sucesivas cartas de compromiso emitidas hasta la de enero de 2011; de que la emisión de esas cartas se hizo sin seguir los preceptivos trámites administrativos en el Ayuntamiento y de que no se había solicitado ningún informe a la Secretaria o a la intervención Municipal, y "ello con la intención de eludir el control municipal sobre la firma de tales cartas de compromiso que obligaban al Ayuntamiento de Valladolid".
El auto concluye que "con fecha 25 de agosto de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, tras la tramitación del oportuno expediente de revisión de oficio, declaró la nulidad de pleno derecho de la Carta de Conformidad firmada con fecha 26 de enero de 2011 por Francisco Javier León de la Riva, en su condición de Alcalde de la cuidad. A raíz de ese recurso, el Ayuntamiento (a excepción de las personas indicada en este auto) ha tenido conocimiento de la existencia de las dos primeras cartas de conformidad a que se refiere el presente".
El Juzgado concede un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y al Ayuntamiento, personado como acusación particular, para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación.