El Juzgado de Instrucción número cuatro de Valladolid ha dictado dos autos relacionados con el caso de la 'comfort letter' por lo que estiman los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y el Ayuntamiento y se revoca el auto de 6 de marzo por el que acordó tramitar diligencias contra el exalcalde Javier León de la Riva por posibles delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, y sobreseer las actuaciones contra Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, entonces concejales de Hacienda e Infraestructuras del Consistorio vallisoletano, respectivamente, y Carlos Baró, exasesor municipal para la operación ferroviaria.
En el nuevo auto se acuerda llamar a declarar de nuevo a León de la Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez y se reclama a la Intervención General de Ayuntamiento un informe sobre el procedimiento que debería haberse seguido para la firma de las dos nuevas cartas de conformidad del 28 de julio de 2008 y 24 de septiembre de 2010, aportadas como nuevas pruebas por el Ayuntamiento el 21 de febrero de 2017, y si el contenido de las mismas era acorde con el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento cuando se produjo su firma.
Al mismo tiempo, desde el Juzgado se reclama al Consistorio una copia certificada de los Decretos de Delegación de atribuciones en los Concejales de las Áreas de Hacienda y Función Pública y Planificación, Infraestructuras. Movilidad y Patrimonio, dictados por la Alcaldía entre los años 2007 y 2011. y un informe a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, para que certifique la identidad de los representantes del Ayuntamiento de Valladolid en su Consejo de Administración en los años 2008 y 2010 y remita copia de las actas de las sesiones en las que se trató la suscripción del contrato de crédito firmado el 31 de julio de 2008, la novación del mismo el 29 de enero de 2010 y la firma el 30 de septiembre de 2010 de la póliza de crédito por importe máximo total de setenta millones de euros.