El juez ha abierto juicio oral contra el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, por el caso de la 'comfort letter' en un auto en el exime de responsabilidad Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, que cuando ocurrieron los hechos eran concejales de Hacienda e Infraestructuras del Consistorio vallisoletano, respectivamente. En el mismo auto, contra el que cabe recurso, el juez no inculpa a Carlos Baró, entonces asesor municipal para la operación ferroviaria.

Cabe recordar que León de la Riva compareció ante el titular del Juzgado número 4 de Valladolid el pasado 22 de noviembre y en su declaración aseguró que desconocía la trascendencia de la carta de conformidad -'comfort letter'- que firmó para avalar una garantía bancaria que comprometía las arcas municipales en cien millones de euros, en el caso de que no se cumpliera con el contrato de préstamo de 400 millones que la sociedad Alta Velocidad firmó con seis entidades bancarias para afrontar el proyecto del soterramiento.

Según explicó a la salida de los juzgados su abogado, José María Tejerina, también aseguró que rubricó el documento sin consultar a ningún técnico municipal, ya que pensaba que se trataba de una carta sin más, por lo que no se instruyó ningún expediente administrativo.

En este sentido, el abogado argumentó que en aquellos momentos muy poca gente sabía lo que era una carta de conformidad y que la misma, elaborada por el grupo de bancos acreedores, llegó a la Alcaldía a través de Valladolid Alta Velocidad. "El mal que cometió el alcalde fue creer que la carta no tenía tanta trascendencia, por lo que consideró que no debía ser revisada por ningún órgano administrativo. Él, en todo momento, valoró que sólo está firmando una carta, no una póliza de préstamo", aseveró.

Tras la denuncia del Ayuntamiento en el mes de abril del pasado año, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid decretó el archivo provisional al entender que debía ser la jurisdicción Contencioso-Administrativa la que debía resolver sobre la validez o no del acto realizado, pero el pasado mes de septiembre la Audiencia Provincial acordó revocar el sobreseimiento de la causa y ordenó practicar diligencias al apreciar indicios de un posible delito de prevaricación y otro de falsedad por haber rubricado ese aval sin haber seguido los procedimientos legalmente establecidos, tal y como dictaminó el Consejo Consultivo de Castilla y León.