Esta normativa establece también mayores controles y más transparencia en la recogida de datos. Además, restringirá la pesca en aguas profundas al área en la que estuvo permitida entre 2009 y 2011, el Atlántico nororiental, regla que se aplicará a las embarcaciones que pescan especies de aguas profundas, es decir, barcos cuyas capturas de especies de aguas profundas representan más del 8% del total en al menos una de sus salidas cada año.